Fue el anuncio de sus futuras intervenciones masivas en los mercados de deuda, pero de aquella crisis existencial, de aquellas palabras precedidas de una profunda descripción sobre los progresos en la reforma de la eurozona, y también de importantes advertencias sobre cómo avanzar, los líderes de la UE extrajeron varias enseñanzas: las finanzas públicas nunca más podrían colapsarse ante una crisis económica; la supervisión bancaria había fallado y el sector debía reforzarse; la deuda soberana era una círculo vicioso con los problemas financieros privados.
Si una economía del euro se hundía activaba una caída de fichas de dominó en todo el continente, de mayor o menor extensión, amenazando un proyecto, el del euro, calificado como “irreversible” en el que “se estaba invirtiendo una cantidad de capital político”, según Draghi.
Europa estaba construyendo a marchas forzadas su Unión Bancaria, y apretó aún más el acelerador, basándola en tres pilares: la supervisión comunitaria de las entidades sistémicas, la resolución unificada de los grandes problemas bancarios y una protección común para aquellos depósitos hasta 100.000 euros.
Para atender al primer pilar, la UE diseñó una segunda unidad, o arquitectura, para el BCE, dotándole del Mecanismo Único de Supervisión (SSM, en sus siglas en inglés). Para el segundo, apareció la Junta Única de Supervisión, una agencia comunitaria independiente con poderes para reestructurar o liquidar las entidades al borde de la quiebra. Para 2023 contará con 60.000 millones de euros en un fondo financiado por bancos y entidades de crédito, con el que afrontar los costes de una resolución bancaria. Ahora mismo ya va por 33.000 millones.
A lo largo de todos estos años, sin embargo, el tercer pilar de la Unión Bancaria ha encallado hasta casi morir por las diferencias políticas entre los socios del euro. Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia, incluso socios externos como Dinamarca, se negaban a compartir los costes de asegurar los pequeños depósitos de bancos en Italia o Grecia. Hasta que un alemán ha llegado a su rescate.
“La necesidad de profundizar y completar la Unión Bancaria es innegable. Tras años de discusión, el bloqueo tiene que terminar”, escribió Olaf Scholz, ministro de Finanzas, hace unas semanas sacudiendo las posiciones herméticas europeas. El principal escollo para la Garantía Europea de Depósitos (EDIS, en sus siglas en inglés), mueve ficha, dispuesto a compromisos.
Olaf Scholz, ministro de Finanzas
Las condiciones alemanas
La propuesta de Berlín llega con condiciones, “cuatro etapas” en palabras de Scholz, para “armar un paquete que complete la Unión Bancaria”. Y la Garantía de Depósitos sólo sería una de ellas en un proceso más amplio.
La primera es una demanda al resto de socios para contar con las mismas reglas de insolvencia empresarial y de resolución bancaria. Fuera de las sistémicas, supervisadas por el BCE, las pequeñas y medianas entidades están sujetas a diferentes normas nacionales que no obligan, como en Italia, a quitas en los tenedores de deuda senior antes de acudir a los rescates con dinero público. Socios como Alemania o Países Bajos quieren ampliar el paraguas de la Unión Bancaria para contar con el mismo marco en todo el continente.
La segunda etapa de la propuesta alemana pasa por “reducir el número de préstamos morosos y afrontar los riesgos asociados de la deuda soberana” porque estos bonos “no están libres de riesgo inversor y no deberían ser tratados como tal”. El ministro italiano de Finanzas, Roberto Gualtieri, alerta de un “impacto negativo” en el sector bancario y la española Nadia Calviño cree que son “dos cuestiones que no están relacionadas” al tiempo que pide “avanzar cuanto antes en la creación de un instrumento fiscal, un bono o un título de deuda para el ámbito de la zona euro”. Los famosos eurobonos.
A la tercera condición, la creación del EDIS en sí, se llegaría tras cumplir las dos anteriores, lo que permitiría “algún tipo de mecanismo común europeo para la protección de los depósitos”, un seguro reforzado desde la UE hacia los instrumentos nacionales, como el Fondo de Garantía de Depósitos existente en España desde 2011.
Según la propuesta alemana, ante una quiebra bancaria primero se activarían los recursos del fondo nacional para proteger las cuentas de los pequeños ahorradores; luego entraría en juego el fondo común europeo ejecutado por Bruselas, y, por último, si todavía fuese necesario cubrir los costes de esa resolución, el Estado involucrado movilizaría sus recursos públicos.
Alemania une fuerzas con Francia en la cuarta condición al presionar en favor de una base mínima común entre los socios europeos en el impuesto de sociedades que tributan las entidades. “Necesitamos una tributación uniforme de los bancos en la UE”, reclama el político germano.
Un camino de piedras por recorrer
De las cuatro condiciones de Scholz, la consideración de la deuda soberana y la última, que salta del terreno de juego bancario al fiscal, un campo minado en Bruselas, son las que más desafíos y problemas suscitan.