A partir de 2030, el 55% de los nuevos coches de empresas en España deberán ser eléctricos o de bajas emisiones, según la propuesta de la Comisión Europea para descarbonizar las flotas de vehículos corporativos.
Esta iniciativa busca que las empresas, que representan el 60% de las compras de vehículos nuevos en la Unión Europea, adopten vehículos de cero emisiones.
Normativa aplicable a grandes empresas
El reglamento, que aún debe ser negociado con el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, se centra en empresas con más de 250 trabajadores y una facturación superior a 50 millones de euros, excluyendo a las PYMES.
En España, estas empresas deberán cumplir con la normativa y adquirir un 36% de coches eléctricos puros (o de hidrógeno) para 2030.
Para el año 2035, los objetivos se vuelven más ambiciosos. Las empresas deberán alcanzar un 76% de vehículos de bajas emisiones y un 64% de eléctricos puros. Este cambio es crucial para que casi dos tercios de los coches de empresa sean de cero emisiones.
Impulso al mercado de segunda mano
La propuesta no solo busca aumentar la venta de coches eléctricos, que está avanzando más lentamente de lo esperado, sino también fomentar un mercado de segunda mano para vehículos de cero emisiones.
Los Estados miembros tendrán que informar anualmente a la Comisión Europea sobre las ventas y estarán sujetos a sanciones si no cumplen con los objetivos establecidos.
La Comisión ha ajustado las metas en función del PIB per cápita de cada país. Por ejemplo, Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia deberán alcanzar un 90% de vehículos eléctricos para 2030. Mientras que países como Eslovaquia y Rumanía tendrán un objetivo del 48%.
Las furgonetas no son la excepción
En cuanto a las furgonetas, la Comisión Europea aplica un enfoque similar. En España, el 32% de las nuevas furgonetas deben ser de bajas emisiones en 2030, con un 29% de ellas eléctricas. Para 2035, los requisitos aumentarán al 76% de bajas emisiones y un 64% de eléctricas.
Desde 2028, los Estados miembros no podrán ofrecer ayudas fiscales para la compra de vehículos que no cumplan con los estándares de bajas emisiones y deberán presentar un plan para alcanzar sus metas.
