Donald Trump, presidente de Estados Unidos, comunicó que se establecen aranceles de 25% para todas las naciones que obtengan crudo venezolano, ya sea en compra directa o mediante intermediarios. Dichos gravámenes empezarán a aplicarse el 2 de abril, bajo la supervisión de Marco Rubio, secretario de Estado. Curiosamente, esta disposición no afecta a los países que adquieran gas procedente de Venezuela, aunque Trump lo señaló con anterioridad en la red social Truth Social.
La medida especifica que este arancel abarcará cualquier operación comercial con Estados Unidos relacionada con crudo venezolano, sin importar la nacionalidad de quienes intervengan. Si alcanza a China, también impactará a Hong Kong y Macao para disminuir el peligro de «evasión». Por otro lado, Rubio y el titular de Comercio, Howard Lutnick, deberán entregar reportes al presidente cada 180 días con el fin de medir la eficacia de la política.
Este gravamen, definido como «secundario», se justifica (según Trump) por la entrada de «decenas de miles de criminales de alto perfil y otros infractores» procedentes de Venezuela, quienes habrían ingresado en Estados Unidos de modo «intencional y engañoso». Entre los grupos identificados figura el Tren de Aragua, catalogado como «Organización Terrorista Extranjera». Trump afirmó que se está gestionando la repatriación de esas personas a Venezuela, algo que describió como «un esfuerzo gigantesco».
La Casa Blanca señala que las sanciones actuales contra Venezuela continúan vigentes, al considerar que las medidas del gobierno de Nicolás Maduro «siguen representando un peligro fuera de lo común para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos». Trump responsabilizó a Maduro de haber tolerado «la entrada de integrantes del Tren de Aragua en territorio estadounidense durante la anterior administración al no supervisar sus fronteras».
En su comunicado, Trump aseguró que Venezuela «ha manifestado una actitud profundamente adversa hacia Estados Unidos y las libertades». Por su parte, la Casa Blanca declaró que «las políticas de fronteras sin restricciones del gobierno previo facilitaron la penetración de miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos», permitiéndoles «establecerse en ciudades locales y atentar contra ciudadanos estadounidenses».
La disposición estipula que el recargo concluirá un año después de la última ocasión en que la nación implicada adquiera petróleo venezolano, a no ser que el secretario de Comercio, en conjunto con otros ministerios, determine lo opuesto.
