La empresa Traider, que está siendo investigada por comercializar productos caducados y sin los certificados necesarios en regla, ha estado pagando a médicos para que utilizasen sus prótesis, que llegaban a estar caducadas desde hace 10 años.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona se encargará de un caso que no solo imputa a un gran número de médicos sino también a una decena de trabajadores de Traiber y a dos facultativos del hospital Santa Tecla de Tarragona. A estos últimos por ocultar fallos de calidad en las prótesis de rodilla que utilizaron con un paciente. Además, dentro de la lista de investigados también se encuentra el que fuera presidente del Colegio de Médicos de Barcelona entre 2010 y 2014, Miquel Vilardell.
Aunque por ahora los casos detectados se focalizan en Cataluña, las prácticas irregulares se extienden por todo el país y fuera de él, según las notas de una reunión entre los responsables de Traiber y varias empresas distribuidoras de fuera de Cataluña. En estos documentos también viene reflejado que se reservaban hasta el 40% de todo lo facturado para destinarlo a los sobornos de los médicos.
La documentación que está aportando las pruebas para el caso fue incautada por la Guardia Civil el 28 de abril de este año. Entre los papeles encontrados por los agentes se encuentran decenas de documentos en los que los comerciales de Traiber anotaban las comisiones ilegales pagadas a los facultativos por cada prótesis de la compañía que implantaban.
Entre todo lo incautado se ha encontrado uno de los acuerdos que Traiber alcanzó con médicos de un hospital privado. El documento refleja: "Se establece el pago de royalties para traumas que implanten vía mutuas en 400 euros (14% sobre valor promedio facturado)". Además de especificar que en caso de que el paciente no contase con un seguro médico y costease la operación por cuenta propia las comisiones serían más altas. De hasta el 25% en las facturas superiores a los 5.600 euros.
Parece ser que llegó a haber presiones para que médicos de Tarragona usasen prótesis de Traiber. Relacionado con esto, el juez encargado del caso ha extendido las acusaciones a dos cargos municipales del Ayuntamiento de Reus. Estos son Teresa Gomis y Marc Arza, ambos de Convergència y también imputados, que serían los responsables de las presiones que sufrieron algunos médicos el hospital municipal para que adquirieran las prótesis de Traiber.
La lista de imputados es bastante amplia, no obstante, el juez ha querido destacar algunos casos. Entre ellos el de "los facultativos Tomás Sinarte Moreno y Alejandro Fernández Domingo, que aceptaron que Traiber les pagara un viaje a Egipto junto a sus esposas. En la documentación interna de la empresa, la factura del viaje tenía una nota manuscrita en la que podía leerse ‘regalía a los Drs para tapar la boca por fallo en el cotilo’ […], este pago es, tal vez, el más gravoso de todos ya que […] Traiber no solo pagó comisiones a médicos para que pusiesen sus productos, sino que hay indicios de que lo hizo para que estos ‘mantuviesen la boca cerrada’ cuando descubrían deficiencias técnicas en las prótesis".
Estos hechos se han convertido en el mayor caso de corrupción en las relaciones entre médicos y empresas sanitarias que se ha destapado en España en las últimas décadas.
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