Los Veintiocho respaldaron la propuesta legislativa resultante de intensas negociaciones para modificar algunas partes de la normativa. "Este paso es crucial para conseguir que la transparencia sea la clave en la implementación de la MiFID II. Es de vital importancia para obtener las cifras correctas en una primera tentativa de cara a no causar ninguna distorsión en los mercados", señaló Markus Ferber, eurodiputado alemán y encargado de las negociaciones de la MiFID II en el Parlamento Europeo.
Sin embargo, lo más polémico en el avance de la normativa aún no ha llegado. Según reconocía Feber, lo más sensible será la definición que se dé a los instrumentos no participativos más adelante. "Hacer una definición errónea de los bonos estatales, por ejemplo, podría derivar en graves consecuencias para los países y su forma de financiarse", reconocía.
El retraso de MIFID II, que entrará en vigor el 3 de enero de 2018 y los Estados miembros deberán tener ajustada a sus legislaciones nacionales el 3 de julio de 2017, está llevando a que en Bruselas se sienta una actitud pasiva y expectante respecto a su puesta en marcha. Va creciendo la sensación de que en lugar de incentivar a las empresas a mejorar y a que aprovechen la dilación de la regulación para avanzar en su adaptación, las compañías han optado por esperar y retrasar también su respuesta.
La consultora GreySpark Partners señala en este sentido que las empresas están dedicando sus presupuestos a proyectos más estratégicos a corto plazo, hasta que dispongan de toda la información necesaria para saber qué pasos tienen que dar de cara a la implementación de la nueva regulación. Las compañías, según añade la consultora, consideran que contar con una arquitectura sólida es un primer paso imprescindible para facilitar la adaptación a la MiFID II.
Después de que la Comisión Europea aceptara la propuesta de ESMA de dar más tiempo a los bancos y entidades financieras para que puedan adaptar su tecnología a las nuevos requerimientos de la MIFiD II, el proceso está llevando más tiempo del que se esperaba, principalmente por los cambios a la legislación que ha ido negociando cada Estado. La entrada en vigor como estaba previsto habría llevado, según advertía ESMA, a contar con inseguridad jurídica y una potencial alteración del mercado.
A este respecto, la Comisión ha reconocido que seguirá avanzando en la regulación de los servicios financieros aunque no a toda costa. Estimular el crecimiento económico es el principal objetivo para el Ejecutivo comunitario y tal y como reconocía esta semana el comisario europeo de Mercados Financieros, Jonathan Hill, "la mayor amenaza para la estabilidad financiera es la ausencia de crecimiento". De ahí que las regulaciones del sector bancario se harán de la forma más proporcionada y prudente posible.
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