La complejidad de la legislación y las normas técnicas que la acompañan, además del enorme esfuerzo regulatorio antes de comenzar a operar de manera eficiente bajo la Directiva, ha sido tenida muy en cuenta por la Comisión a la hora de valorar un retraso en su aplicación.
"MiFID II redefine el mundo del asesoramiento. Pero es un conjunto de normas hipercomplejo, con 900 requerimientos de los que casi el 40% se relaciona con la protección al inversor y el resto con el trading en distintos tipos de activos", explica Enrique Fernández Albarracín, socio de EY Spain Financial Services Legal & Regulatory Leader.
Las dificultades técnicas son parte de los motivos por los que el Parlamento Europeo ha dado finalmente su brazo a torcer para retrasar un año la norma. Pero también lo es la presión de ciertos sectores financieros, acorralados por un tsunami regulatorio que ha disparado sus costes en los últimos años. Diversos estudios corroboran que una aplicación estricta de MiFID II reduciría en un 50% los ingresos vinculados al sector del asesoramiento, la gestión y la banca privada. Al fin y al cabo, y según las estadísticas trimestrales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las gestoras españolas de fondos retroceden en torno a un 60% de media de los ingresos por comisión de gestión al comercializador.
Es precisamente la retrocesión (el pago de comisiones por parte de las gestoras a los intermediarios) uno de los puntos clave de la norma y que los expertos consideran que podría sufrir variaciones durante el periodo que se retrase. "No creo que se toque nada en la parte de la Directiva que corresponde a la protección al inversor, salvo los rebates en la distribución de fondos, con un posible cambio de enfoque", explica Albarracín.
HACIA UN CAMBIO DE MODELO
MiFID II quiere cambiar este modelo, obligando a las entidades a especificar qué parte de los costes se lleva el producto y cuál la red de comercialización. En España, la idea es acabar poco a poco con el modelo de distribución que impera en el sector, en el que la gran banca se lleva la mejor parte frente a unos clientes que aún piensan en el asesoramiento como un servicio gratuito.
Así al menos lo considera Carlos García Ciriza, presidente de la Asociación Española de Asesoramiento Financiero (Asefi), quien asegura que "la Directiva puede ayudar a dar ese salto definitivo de un modelo de distribución a uno de asesoramiento en el que se venda menos y se asesore más". La intención es poner fin a los posibles conflictos de interés por los que los comercializadores apostasen por recomendar un producto u otro en función del rebate percibido.
Ciriza recuerda que la normativa no prohíbe las retrocesiones, sino que obliga a las entidades a optar por ofrecer un servicio de asesoramiento independiente o no independiente (porque se perciben esos incentivos). Todo para que el cliente sepa claramente a quién destina cada céntimo que paga por contratar un producto financiero.
El modelo no está claro aún. Ni tampoco el papel que jugará la banca, de la que muchos ponen en duda su capacidad para adaptar su negocio al modelo de asesoramiento independiente. Antonio Banda, CEO y fundador de Feelcapital, explica que "tenemos los fondos más caros de Europa, precisamente porque no hay luz en el sector. Cuando empiece a haberla, los clientes se darán cuenta de que hay fondos, incluso internacionales, con costes muy bajos, que están intentando comercializarse a través de los bancos, que quieren seguir llevándose retrocesiones. Estas son al final las que mantienen el coste del producto elevado".
Si desea leer el reportaje completo puede hacerlo en la revista DIRIGENTES del mes de enero.
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