Reino Unido espiará a sus internautas

En nombre de la lucha antiterrorista, Reino Unido se ha sumado a la ‘corriente’ estadounidense de establecer un férreo control sobre los usuarios de Internet. Los parlamentarios conservadores acaban de presentar una nueva ley que obligará a las operadoras de webs a registrar todas las páginas que visiten los usuarios para que el gobierno pueda controlar exactamente qué hacen.

En concreto, estas compañías tendrán la obligación de almacenar durante 12 meses los datos de navegación de todos sus usuarios y ponerlos a total disposición de las autoridades del país; es decir, no necesitarán ningún tipo de visto bueno ni de orden judicial en los casos "urgentes", mientras que los casos "normales" tendrán que estar supervisados por un grupo de jueces, aunque estos sólo revisarán el proceso en sí y no entrarán en si el acceso está justificado. Los únicos que no tendrán acceso a estos datos son las autoridades locales.

En concreto, estos ‘controladores’, no podrán consultar las páginas concretas que se visitan, pero sí los dominios. Es decir, ellos podrán ver a que tipo de webs acceden los usuarios, pero no, que les interesa específicamente de esta página.

Otra parte de la ley trata sobre el acceso a los smartphones. Este tema es algo controvertido, sobre todo porque en enero, David Cameron ya mostró su postura totalmente contraria a la libertad de Internet, anunciando que presentaría una ley para bloquear aplicaciones de mensajería instantánea que no puedan controlar. Aunque finalmente no se ha prohibido explícitamente el cifrado de estas apps, sí que la nueva ley establece que las compañías tendrán que ayudar a la policía a hackear dispositivos de los ciudadanos.

"Si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer". Esta ha sido la frase utilizada por Richard Graham, representante del partido conservador para defender la nueva ley. Unas palabras que recuerdan a la censura más absurda, ya que las personas deben, simplemente, tener el derecho a decidir que parte de su vida es pública (también para organismos gubernamentales) y que parte no lo es.

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