Alaya pone de manifiesto en estos documentos que desde la Consejería de Empleo de la Junta se impartían los mandatos a las distintas delegaciones provinciales del ramo. El objetivo era que "no se controlara el dinero" destinado a formación y se creara así una red de clientelismo político.
En esta investigación, la juez ha dejado en libertad con cargos a los primeros ocho detenidos que han comparecido en sede judicial, la última de ellas la hasta ayer delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano, que se ha negado a declarar y que ha quedado en libertad con cargos después de que la magistrada le haya imputado delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.
También han quedado en libertad con cargos la exdelegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez, cuyo abogado ha defendido su "absoluta inocencia"; la exdelegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda, y la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán, para quien la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de seis millones de euros.
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