La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantelado cinco cárteles de los que son responsables 11 empresas y una asociación empresarial. Fabricaban y distribuían cables eléctricos de baja y media tensión para la construcción de hospitales, uso doméstico, edificación de viviendas, obras de empresas energéticas, telefonía, ferroviarias, navales y grandes proyectos internacionales. Las empresas con sede en Madrid, Barcelona, Valencia y Portugal, amañaban los precios y otras condiciones comerciales, y se repartían los proyectos para asegurar sus ganancias encareciendo las obras, hasta que uno de ellos decidió acogerse al programa de Clemencia y denunció los hechos ante la CNMC. Las sanciones se elevan a 44,7 millones para las empresas y a 80.000 euros para la asociación. La creación de un cártel es la conducta ilícita más lesiva para el buen funcionamiento de la economía, pues encarece los precios de los productos y se convierte en una barrera para la competencia. Los hechos han quedado acreditados en los mails, WhatsApp y cuadernos de notas recopilados durante la investigación, que acreditan las 52 reuniones que mantuvieron para pergeñar y vigilar su modus operandi. Los integrantes del cártel de los fabricantes se repartieron 332 proyectos de suministro El primer cártel lo crearon las siete principales empresas fabricantes de cables de baja y media tensión llevando la iniciativa en la mayor parte de ocasiones General Cable. En colaboración con la asociación FACEL, acordaron a lo largo de 52 reuniones entre 2002 y 2015 de manera sistemática y continua las tarifas y descuentos del suministro de cables, la fecha de aplicación de las tarifas acordadas en cada momento y la de su anuncio a los clientes, los plazos de pago, las condiciones de suministro e incluso la línea argumental que debían seguir todos ellos para justificar los cambios de tarifa ante los clientes. Pero además, se ha acreditado que se repartieron 332 proyectos de suministro de cables a grandes clientes y hasta existen evidencias de que llegaron a acordar el boicot a algunos clientes. Este cártel está integrado por las empresas Cabelte Incasa, General Cable, Miguélez, Nexans Iberia, Prysmmian Cables, Top Cable y la portuguesa Solidal y ha sido sancionado con una multa de 31,6 millones de euros para las empresas, a los que hay que sumar los 80.000 euros de FACEL. Cuatro empresas participaron en al menos dos cárteles El regulador ha tenido constancia de tres cárteles entre distribuidores y fabricantes en los que estaban implicados seis empresas y los fabricantes. La mecánica de reparto de grandes clientes (empresas instaladoras, ingenierías, eléctricas, etc.) o proyectos de gran envergadura (grandes infraestructuras, centrales eléctricas, parques eólicos, etc.) ha sido prácticamente idéntica y se realizaba a través de las denominadas “coberturas”.
hemeroteca