«A pesar de que la Unión Europea está considerada un referente mundial en gobiernos aperturistas, participación ciudadana y derechos humanos, casi todos los países suspenden en proporcionar la protección necesaria a los denunciantes de una incidencia». Y España lo hace con una puntuación cercana a cero. Un informe elaborado por la ONG Blueprint for Free Speech, donde se analizan este tipo de figuras, asegura que un cuarto de los países miembros obtiene un 0% en todas las categorías, incluidos España. Completan la lista República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania y Polonia. «La situación de los denunciantes en Europa dista de ser segura», denuncian desde la organización. Para llegar a esta conclusión, la ONG ha establecido una comparativa entre las leyes y políticas que existen en cada país en esta materia respecto a nueve estándares internacionales como inmunidad judicial por revelar información sensible, transparencia en administración o protección ante cualquier tipo de represalias, entre otros. De una puntuación máxima de 756 puntos, los países de la UE contabilizaron 173 puntos, que equivalen al 22,9% del total. Solo Irlanda, Francia, Malta y Reino Unido obtuvieron más del 50% y alrededor de la mitad se sitúan en torno al 25%. La que mejor nota saca es Irlanda con un 66,7%. En este sentido, desde la ONG piden la aprobación de nuevas leyes que permitan una mayor proyección para los confidentes de delitos fiscales, ya que de esta manera se impulsaría a denunciar con mayor frecuencia este tipo de conductas. Hervé Falciani, el informático que desveló una lista de evasores fiscales relacionadas al banco suizo HSBC fue detenido el pasado miércoles por la Policía Nacional en Madrid, minutos antes de participar en una conferencia pública en la Universidad Pontificia de Comillas tras una orden de arresto y extradición emitida por las autoridades suizas. Un día después, fue puesto en libertad con la condición de presentarse todos los lunes en el juzgado más cercano a su domicilio. Recientemente, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo que obligua a las empresas a informar cuando un Estado lo requiera sobre su planificación fiscal con el objetivo de reducir la evasión del impuesto de sociedades. Solo en Europa se estima que alrededor de 2,6 billones de dólares del patrimonio financiero privado se mantienen en paraísos fiscales lo que, en términos de impacto público, se traduce en una pérdida global de 78.000 millones de dólares al año.
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