Es un momento delicado para los cambios de fiscalidad en nuestro país. Y es que desde que el ejecutivo español insertara en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 un cambio en lo que respecta a la cantidad aportada a los planes de pensiones individuales para poseer un beneficio fiscal, las reacciones no han dejado de sucederse.
En este caso, la XI Encuesta de Planes de Pensiones del Observatorio de INVERCO, pone de manifiesto la falta de apoyos de esta medida, que se pretende aprobar de cara al año que viene y por diversos sectores, que reduce la aportación anual para obtener deducciones en el IRPF de los 8.000 a los 2.000 euros anuales en el caso de los Planes de Pensiones Individuales. En esta encuesta, según indican en un comunicado, han participado las entidades Gestoras que representan el 95,2% del patrimonio total invertido en Planes de Pensiones Individuales.
Son necesarios más incentivos
Las gestoras tienen una opinión negativa de esta reducción en el límite de aportaciones puesto que la gran mayoría de las entidades, según este estudio, considera que el ahorro en planes de pensiones no está suficientemente incentivado si lo comparamos con el resto de Europa. Además se reclama una mejor fiscalidad en la prestación y un sistema de adscripción por defecto en las empresas.
“La práctica totalidad de las gestoras (97%) considera que el ahorro en Planes de Pensiones, como complemento de cara a la jubilación, no está suficientemente incentivado en comparación con el resto de países de la Unión Europea. Con el fin de fomentarlo, casi siete cada diez entidades (69%) consideran fundamental una mejor fiscalidad en la prestación, al igual que ampliar los límites en las aportaciones y poner en marcha un Sistema de adscripción por defecto de Planes de empresas, siguiendo el ejemplo del Reino Unido”, aclaran en el comunicado para puntualizar: “Casi todas las Gestoras creen que los Planes de Pensiones deben adecuarse para atender situaciones de necesidad y el supuesto de liquidez a los diez años (a partir de 2025) es rechazado por casi siete de cada diez entidades consultadas (66%)”.