Tampoco ha copado los grandes titulares de los informativos televisivos. Sin implicaciones para la salud pública como en el caso del dieselgate, protagonizado por las automovilísticas al trucar los motores de sus coches para falsear las emisiones contaminantes, ni generar un sonoro rechazo en la opinión pública, como las ventas fraudulentas de preferentes o el uso de tarjetas black por entidades rescatadas con dinero público mientras los ciudadanos sufrían las peores consecuencias de la crisis económica, los sobornos masivos de Airbus no han golpeado su imagen ni levantado grandes polvaredas políticas y públicas. El conglomerado aeronáutico europeo acaba de pagar una multa de 3.600 millones de euros para cerrar las acusaciones de sobornos y corrupción en Francia, Reino Unido o Estados Unidos y evitar así juicios con implicaciones penales y criminales, que la pondrían en riesgo de ser vetada para contratos públicos estadounidenses o de la UE.
Las malas prácticas empresariales constitutivas de delitos y desarrolladas por Airbus durante al menos más de diez años, entre 2004 y 2016, tienen una dimensión global. La empresa pagó sobornos a funcionarios públicos y políticos en al menos 20 países para conseguir contratos de venta de aeronaves civiles y de satélites. En Francia, el conglomerado aeronáutico europeo desembolsará algo más de 2.000 millones de euros para cerrar las investigaciones de la justicia, que se suman a los 1.000 millones para las autoridades británicas y los más de 500 millones de dólares en Estados Unidos. Estas multas hicieron que Airbus registrase en 2019 unas pérdidas netas de casi 1.400 millones de euros, sus primeros números rojos en un ejercicio fiscal en una década.
El virus de la corrupción en Airbus
La aeronáutica europea también reconoce haber cometido irregularidades en sus “contribuciones políticas” a funcionarios relacionados con la compra por Austria de 18 aviones de combate Eurofighter en 2003. Este caso no ha sido cerrado extrajudicialmente y el gobierno austríaco analiza si activar una cláusula del contrato para cancelarlo, además de que una comisión interna investiga qué representantes públicos estarían implicados en la percepción de sobornos.
El reconocimiento por parte de Airbus de los pagos ilícitos o irregulares a políticos de diferentes países en el acceso a contratos de defensa “muestra que, una vez más, los sobornos de funcionarios extranjeros en el sector público y privado fueron parte del modelo de negocio de una gran empresa multinacional”, denuncian desde Transparencia Internacional, al tiempo que lamentan la “notable ausencia en los acuerdos de Airbus [con la justicia para frenar las investigaciones] de cualquier plan para compartir el pago de la multa con los países donde la compañía estuvo realizando sobornos, incluidos Colombia, Ghana, Indonesia o Sri Lanka”.



