En el España-Chile de Maracaná en Río de Janeiro de la primera ronda del torneo, donde la campeona mundial cayó eliminada, 90 personas (88 chilenos, un colombiano y un boliviano) fueron detenidas junto a la sala de prensa del estadio, tras entrar a la fuerza en el mismo. Además de romper las frágiles paredes de madera que cercaban la sala de los periodistas, los invasores crearon una confusión que dio la vuelta al mundo y que fue reportada por los medios a tiempo real.
El pasado domingo 22 expedía el plazo para que los detenidos no residentes en Brasil abandonaran el país, mientras que a los chilenos que viven en el gigante sudamericano se les prohibió la entrada a partidos en los estadios del Mundial, sanción que también recibió el resto de extranjeros.
El cónsul chileno en Río de Janeiro, Samuel Ossa, restó importancia al hecho ante los medios brasileños, a los que declaró que los detenidos "no son delicuentes" y que la invasión "no fue un acto premeditado". "Tienen que cumplir las normas de la justicia brasileña. Cuando vas a casa de alguien, no pones los pies encima de la mesa", ejemplificó el cónsul, quien aseguró que "la mayoría reconoce que se equivocó".
Según Ossa, muchos de los que intentaron entrar de esta manera al mítico estadio habían estado buscando entradas en el mercado de la reventa, donde un ingreso para el Chile-Holanda del Itaquerao de Sao Paulo -cuando ninguna de las selecciones se jugaba nada porque ya estaban clasificadas para octavos de final- se llegó a pagar hasta 2.000 reales (unos 665 euros). Pese a ser el más rocambolesco de los acontecimientos por ahora en torno a los accesos a los estadios del Mundial, no es el único.
Para el encuentro entre Argentina y Nigeria, el gobierno de Río Grande do Sul, estado brasileño vecino de Uruguay, calculaba que unos 50.000 argentinos se trasladarían hasta Porto Alegre, ciudad sede que acogería el choque.