La oferta de vivienda en alquiler de larga estancia ha caído más de un 50% desde que hace dos años entrara en vigor la ley de vivienda, mientras la demanda ha crecido más de un 20%, según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y la Sociedad Española de Alquiler Garantizado.
Según su estudio, la alta presión de la demanda y la reducción de la oferta ha expulsado de las grandes ciudades al 30,7% de los inquilinos en el último año.
La encuesta realizada por FAI indica que el 42,9% de las agencias han notado un descenso de la oferta superior al 50%; el 10,9 % lo sitúan entre el 40 y 50%; el 13,9% entre el 30 y 40%; el 10,6% entre el 20 y 30%; el 4,3% entre el 10 y 20% y el 1% entre el 0 y 10%. Por otra parte, el 8% asegura que el stock se ha mantenido igual y un 8,4% señala que ha habido un aumento.
El presidente de FAI, José María Alfaro, asegura en un comunicado que el problema de la vivienda se ha agravado «claramente» desde la aprobación de la ley en 2023, que en su opinión genera inseguridad jurídica a los pequeños arrendadores y que está provocando un incremento de los seguros o garantías de impago.
En este sentido, indica que la escasez de vivienda disponible para alquiler de larga duración se ha extendido a todo el territorio, incluso a la segunda y tercera periferia, que es hacia donde se está desplazando la demanda. Un «éxodo urbano» que ve casi inviable teniendo en cuenta los altos precios en las grandes ciudades.
