La multinacional francesa Alstom ha recurrido el concurso para fabricar 39 trenes para el metro de Barcelona, al considerar que los pliegos de condiciones la excluyen por aparecer en la lista de empresas con actividad en asentamientos israelíes elaborada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Fuentes de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) confirmaron que Alstom presentó el recurso especial en materia de contratación el pasado 14 de agosto. La empresa no ha hecho públicos los detalles del escrito hasta que el comité de contratación lo reciba formalmente, previsiblemente la próxima semana.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció el 30 de junio la compra de los trenes por un importe de 331 millones de euros, financiados en un 51% por la Generalitat, un 25% por el Ayuntamiento de Barcelona y un 24% por el Área Metropolitana.
El motivo del veto a Alstom se encuentra en una cláusula que prohíbe al Ayuntamiento y a sus empresas municipales contratar con compañías incluidas en el listado de 2023 del ACNUDH, que señala a empresas beneficiadas por su actividad en Cisjordania, Jerusalén o los Altos del Golán.
La compañía asegura haber solicitado su eliminación de dicha lista, en la que figura por su participación pasada en el mantenimiento de un proyecto tranviario a través de una filial israelí.
El alcalde de Barcelona, vetado en Israel
En paralelo, el Gobierno israelí ha denegado la entrada a Jaume Collboni, alcalde de la Ciudad Condal, tras las posiciones adoptadas en el pleno municipal hacia la política israelí en Palestina.
Collboni tenía previsto viajar a Israel este mismo viernes, pero las autoridades israelís revocaron su permiso de entrada a última hora coincidiendo con el recurso de Alstom.
Fue el pasado mes de mayo cuando, entre otras medidas, el Consistorio aprobó que en las contrataciones públicas se excluya a empresas que se benefician de los asentamientos en Palestina y estén incluidas en la lista de la ONU, como sucede con Alstom.
El mandatario ha defendido que las resoluciones adoptadas por el pleno responden a la defensa de los derechos humanos y no contra la ciudadanía israelí.
