El próximo 30 de junio cumple el plazo para que la Ley de la Cadena del Transporte vea la luz tal y como se acordó durante las negociaciones de diciembre de 2021 y del pasado marzo por parte del Ejecutivo y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). Hecho que desde los principales representantes del transporte ven imposible, amenazando así con volver a implantar la tónica de parones provenientes del pequeño transportista.
Las negociaciones perduran tras la reunión de principios de semana mantenida por la patronal del transporte con los representantes del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Todo apunta que el Gobierno se compromete a tener un borrador oficial el 31 de julio, tal y como se asegurado desde la CNTC, aunque exista aún demasiado escepticismo por parte de los principales protagonistas.
La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte es una de las grandes preocupaciones debido a su historial como principal convocante de las protestas anteriores de los sectores del transporte de menor tamaño. No se trata de una simple teoría puesto que, tras la reunión mantenida la pasada semana con los representantes políticos, la entidad sindical aseguraba no haber obtenido garantías de ningún tipo con respecto a la entrada en vigor de la nueva ley de cadena alimentaria al transporte de mercancías por carretera.
Consecuencias extremas de reanudarse las protestas de transporte
De no cumplirse lo estipulado en las negociaciones, que el transportista se beneficie de igual manera o superior por sus servicios a costes efectivos, las huelgas de transportes volverían a tomar la red de carreteras española, ocasionando nuevamente unas pérdidas demasiado costosas para el propio gremio, con su consecuente efecto dominó en la sociedad. No obstante, no será hasta el próximo 26 de junio cuando la asociación vote el retorno a los paros durante el próximo mes o no.
Es prácticamente imposible que con tan poco margen de tiempo se pueda aprobar una ley aún tan poco detallada. Pero, de reanudarse las protestas de los pequeños transportistas, estaría suponiendo un alto riesgo, social y económico.