El Ejecutivo andorrano prepara un proyecto de ley para dar solución a la crisis bancaria que ha estallado en el país vecino tras la tormenta desatada por la denuncia de Estados Unidos por supuesto blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado por parte de Banca Privada d’Andorra (BPA).
El nuevo marco jurídico contempla medidas de reestructuración y resolución de entidades bancarias parecido al que se adoptó en España cuando estalló la crisis financiera que borró del mapa a las cajas de ahorro, que incluye la creación de gestor de activos tóxicos, pero en este caso no para activos inmobiliarios, sino vinculados con prácticas delictivas.
El Gobierno del Principado, en estos momentos en funciones ante las elecciones legislativas, tiene la intención de que la nueva ley se apruebe la próxima semana apoyada por todas las fuerzas políticas para dar una solución inmediata a BPA. PwC trabaja desde hace dos semanas para segmentar ambos negocios.
La ley prevé la creación de una Agencia Estatal de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias (ARREB), que será la autoridad competente para evaluar las posibles soluciones y determinar cuál de ellas es la más adecuada para la entidad.
La medida se ha anunciado el mismo día en que los administradores provisionales de BPA han solicitado la apertura de un procedimiento de arreglo judicial (equivalente a un proceso concursal) y han pedido la continuidad de la actividad de la entidad y de la explotación de sus negocios.
hemeroteca
