La morosidad forma parte del mercado y la estructura económica, algo que se acentúa fundamentalmente en tiempos de crisis, un momento en el que para muchos es más complicado hacer frente a sus deudas.
Ante esta situación, y diez años después de que se aprobase la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad, cada vez son más las empresas que ejercen sus derechos en cuanto al cobro o reclamación de facturas impagadas.
Aunque antes de la pandemia las compañías optaban por ofrecer planes de pago más largos para afrontar la deuda de forma más desahogada, ahora la medida más usadas por las empresas españolas es la de aplicar intereses cuando un cliente solicita los plazos de pago más duraderos en el tiempo.
Así lo señalan las cifras del último Informe Europeo de Pagos de la gestora Intrum, que explica que la pandemia Covid-19 ha cambiado las reglas del juego. “Uno de los objetivos principales del tejido empresarial es evitar problemas inmediatos de liquidez e, incluso, salvaguardar la supervivencia del negocio en los casos más extremos”, algo que se traduce en que “6 de cada 10 compañías españolas reconocen aceptar plazos de pago más largos, aunque añaden un recargo a la factura”.
Y es que la normativa europea aprobada hace una década da derecho a ejercer este cobro de intereses al cliente deudor una vez vencido el plazo contractual.

