La guerra comercial iniciada en abril por Estados Unidos ha marcado un año de incertidumbre para mercados y empresas y ha deteriorado el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses.
La política arancelaria se ha convertido en uno de los principales ejes económicos del segundo mandato de Donald Trump, con un coste político creciente.
El 2 de abril, la Casa Blanca anunció un arancel general del 10%, acompañado de recargos adicionales para países con elevado superávit comercial con Estados Unidos. La medida reactivó una estrategia proteccionista ya aplicada entre 2017 y 2021, impulsada entonces por Peter Navarro, actual consejero de comercio y manufactura.
Acuerdos parciales con aliados
Con el paso de los meses, economías como Japón o la Unión Europea (UE) alcanzaron acuerdos marco con Washington que redujeron los gravámenes hasta niveles cercanos al 10%. Estos pactos exigieron concesiones relevantes, que han debilitado relaciones diplomáticas clave para el comercio exterior estadounidense.
El ajuste de aranceles alivió parcialmente la presión sobre empresas exportadoras, aunque dejó una huella visible en la confianza entre socios comerciales tradicionales de Estados Unidos.
Escalada con China
El conflicto con China siguió un camino distinto. Al 34% anunciado por Washington en abril, Pekín respondió de forma inmediata, dando paso a una escalada que llevó a aranceles del 145% sobre productos chinos y del 125% sobre importaciones estadounidenses.
Tras una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en octubre, ambas potencias acordaron una tregua arancelaria. El gravamen medio estadounidense sobre productos chinos se sitúa ahora entre el 29% y el 48%, mientras que China aplica tasas del 30–35% a bienes de Estados Unidos.
Impacto económico global
El pulso entre Washington y Pekín se considera congelado, pero lejos de una solución definitiva. Organismos internacionales y bancos centrales advierten de menor crecimiento, mayor inflación y cadenas de suministro menos eficientes como consecuencia directa del conflicto.
La fragmentación comercial ha elevado costes para empresas multinacionales y ha reducido la previsibilidad en los flujos globales de mercancías.
Aranceles como presión política
La Casa Blanca ha utilizado los aranceles como herramienta política. Estados Unidos ha impuesto gravámenes por el tráfico de fentanilo a China, México y Canadá, ha aplicado un 25% adicional a India por comprar crudo ruso y llegó a cargar un 40% suplementario a Brasil por el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro.
El reciente acercamiento entre Luiz Inácio Lula da Silva y Trump permitió retirar los castigos a Brasil, en un contexto marcado por la presión inflacionaria interna en Estados Unidos.
Inflación y coste electoral
La semana pasada, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, afirmó que los aranceles explican parte de la inflación, que se mantiene en torno al 3%. Powell subrayó el impacto directo en el bolsillo de los hogares, un factor que ya ha influido en resultados electorales locales adversos para Trump.
El aumento del coste de la vida se ha convertido en un tema central de cara a las elecciones de medio mandato previstas para noviembre del próximo año.
Rebajas a Latinoamérica
En un intento por contener los precios, Estados Unidos ha reducido aranceles a productos como carne, café y frutas procedentes de Brasil y de países latinoamericanos considerados afines, como Argentina, El Salvador, Ecuador y Guatemala.
La estrategia busca aliviar la cesta de la compra en el tramo final del año, en un contexto político cada vez más ajustado para la Administración Trump.
Riesgo judicial
A este escenario se suma la posibilidad de que el Tribunal Supremo declare ilegales buena parte de los aranceles aprobados desde el retorno de Trump al poder. De prosperar esa vía, Estados Unidos podría verse obligado a reembolsar entre 140.000 millones y un billón de dólares a exportadores afectados.
Un desenlace que añadiría incertidumbre fiscal y política a una estrategia comercial ya bajo fuerte presión interna y externa.
