La guerra comercial iniciada en abril por Estados Unidos ha marcado un año de incertidumbre para mercados y empresas y ha deteriorado el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses.
La política arancelaria se ha convertido en uno de los principales ejes económicos del segundo mandato de Donald Trump, con un coste político creciente.
El 2 de abril, la Casa Blanca anunció un arancel general del 10%, acompañado de recargos adicionales para países con elevado superávit comercial con Estados Unidos. La medida reactivó una estrategia proteccionista ya aplicada entre 2017 y 2021, impulsada entonces por Peter Navarro, actual consejero de comercio y manufactura.
Acuerdos parciales con aliados
Con el paso de los meses, economías como Japón o la Unión Europea (UE) alcanzaron acuerdos marco con Washington que redujeron los gravámenes hasta niveles cercanos al 10%. Estos pactos exigieron concesiones relevantes, que han debilitado relaciones diplomáticas clave para el comercio exterior estadounidense.
El ajuste de aranceles alivió parcialmente la presión sobre empresas exportadoras, aunque dejó una huella visible en la confianza entre socios comerciales tradicionales de Estados Unidos.
