El Gobierno argentino ha apelado la sentencia de Loretta Preska, jueza estadounidense, que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del pago de una indemnización de 16.100 millones de dólares a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.
La apelación fue presentada este miércoles por el despacho Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representa al Estado argentino, antes de que la jueza resolviera dos solicitudes previas para suspender la ejecución del fallo.
Según el Ejecutivo, la decisión judicial es de «naturaleza excepcional», plantea «cuestiones jurídicas no resueltas» y podría causar «un daño irreparable», al violar la legislación local que impide transferir acciones de YPF sin aprobación del Congreso.
Los fondos demandantes se oponen a la suspensión y han reclamado ya la ejecución inmediata de la sentencia. En respuesta, Argentina presentó nuevos argumentos ante el tribunal, citando incluso una reciente declaración del gobernador Axel Kicillof, que según la Procuraduría del Tesoro perjudica la posición procesal del país.
El caso se remonta a 2015, cuando Burford Capital y Eton Park adquirieron los derechos de litigio de dos sociedades españolas quebradas: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que habían sido parte del grupo argentino Petersen y controlaban el 25% de YPF en el momento de la nacionalización. Estas sociedades no participaron en el juicio de Nueva York.
