Tres fondos buitres han acorralado al Gobierno de Cristina Fernández al reclamar el pago de unos bonos impagados en 2001. Argentina realizó la mayor suspensión de pagos de la historia de un país. La mayoría de acreedores aceptaron la quita sobre una deuda de 82.000 millones de dólares, pero otros no aceptaron. La jugada de los fondos fue adquirir esta deuda para litigar con el país su cobro. La justicia les ha dado la razón y se ha activado una bomba de relojería.
Argentina si paga los 1.500 millones corre el riesgo que el resto de inversores recurran las reestructuraciones de deuda del pasado, circunstancia que empujaría al país a la bancarrota. Los bonistas que sufrieron la quita tienen una cláusula que les permite exigir los mismos términos de cualquier otro acuerdo al que Argentina llegue con otros tenedores. Según el gabinete de Fernández, calcula que se desatarían reclamaciones judiciales por valor de 120.000 millones de dólares. Por ello Argentina se niega a cumplir el fallo del juez que dictó el pago a los fondos buitres.
La encrucijada está si en caer en impago de 1.500 millones o de 120.000 millones para Cristina Fernández. La sentencia del juez de Nueva York Thomas Griesa salió hace un mes, pero dio un plazo de 30 días para que las partes llegaran a un acuerdo. Ninguna reunión se ha realizado en este tiempo. El Gobierno envió el lunes a Nueva York una delegación formada por el secretario de Finanzas, Pablo López; el secretario de Legal y Técnica, Federico Thea, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona para abordar las negociaciones con un mediador.
Los representantes de Argentina buscan una fórmula para esquivar la cláusula que dispare las reclamaciones. Los fondos insisten en argumentar que la llamada cláusula RUFO solo se activaría en caso de pago voluntario y no si hay una sentencia judicial por medio. Desde Buenos Aires desconfían de las entidades acreedoras porque creen que buscan el default del país después de haber invertido en contratos de seguros impagos, los famosos CDS que se disparaban cuando la prima de riesgo de las economías europeas subía. La normativa Rufo vence a finales del ejercicio para los bonistas de 2005 y 2010. Por eso una de las intenciones argentinas es retrasar el pago para 2015.
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