En su segundo intento tras una sesión cancelada la semana anterior, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó en la madrugada del martes el proyecto de reforma de la ley previsional presentado por el Gobierno de Mauricio Macri. La nueva ley modifica los cálculos de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales a través de una fórmula que, según la explicación oficial, hará “crecer 5% por encima de la inflación” el valor de los haberes. La jubilación mínima pasará a ser de 485 euros en julio, previéndose un bono para compensar a quien reciba menos. Para jubilaciones superiores, no habrá esa compensación. Los cálculos suponen un “ahorro fiscal” de 3.000 millones de euros anuales. Desequilibrio y modernización La reforma -cuyos efectos alcanzan a 17 millones de argentinos incluídos en el sistema de seguridad social- ha sido criticada por la oposición con el argumento de que “favorece a la élite” y va “contra la clase más vulnerable, los ancianos y los niños”. De acuerdo con esa visión -sostenida por la izquierda, una parte del peronismo y legisladores “kirchneristas” (aliados de la expresidenta Cristina Fernández)- la reforma es “un ajuste” impuesto por el FMI al Gobierno para asegurar el pago de su deuda externa. Argentina enfrenta en las pensiones un desequilibrio similar al global. Según el Banco Mundial, la población adulta mayor de 65 años será de 19,3% en 2050 y de 24,7% en 2100. Actualmente, hay 1,7 trabajador activo por cada jubilado, según datos de la Seguridad Social citados por consultoras del sector. Negociaciones parlamentarias Para llegar al recinto parlamentario, esta reforma fue negociada por el Ejecutivo con las jurisdicciones provinciales a través de un pacto fiscal que significa un refuerzo de recursos financieros para 23 gobernadores, la mayor parte del territorio argentino. Obtenida tras una semana de alta tensión social, que en el imaginario popular evoca los hechos de diciembre de 2001, cuando el país vivió una violenta crisis, la sanción de la reforma podría desencadenar una serie de juicios en su contra, opinan analistas. «Habrá una catarata de amparos contra la ley, además de los juicios individuales de cada jubilado, reclamando el reajuste de haberes, pidiendo la inconstitucionalidad», estima, por ejemplo, el abogado Leonardo Martínez Herrero, citado por el diario Ámbito Financiero. Nueva fórmula Para componer las remuneraciones, la nueva fórmula incorpora un 70% de inflación y un 30% de variación salarial, con una actualización trimestral (el sistema antiguo era semestral). En 2018 significará un menor ingreso para los jubilados y en el largo plazo dependerá del escenario macroeconómico, según la explicación oficial. Esa reducción en el corto plazo ha sido eje de los cuestionamientos políticos de la oposición, que acusó al Gobierno de “insensibilidad social”. En respuesta, el equipo económico estableció un “bono compensatorio” y afirma que el poder adquisitivo se irá recomponiendo con la propia dinámica de las actualizaciones.
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