Así se distribuirán los 11.000 millones del nuevo plan de ayudas públicas

Desde principios de año, los negocios españoles dicen que la solución para sus problemas no era acceder a más liquidez por medio de préstamos. El endeudamiento que se facilitó el año pasado dio la posibilidad de que las empresas continuaran con su actividad, pero la extensión de la pandemia y de las restricciones no ha hecho sino aumentar su necesidad de liquidez, de manera que era manifiesto que la deuda no era suficiente.

El Gobierno comprendió esa petición y se puso en marcha para abordar cómo se puede ayudar a las empresas, sobre todo a aquellas que se encuentran en los sectores más afectados, así como a las que son viables pero han reducido sus ingresos a causa de la pandemia.

De ese modo, han tardado en llegar las ayudas directas que pedían las empresas, pero aún no deben prepararse para recibirlas: desde la publicación del Decreto Ley que se ha aprobado hoy, el Gobierno se pone un plazo de un mes y diez días para que las ayudas fluyan finalmente hacia las comunidades autónomas, que serán las que gestionarán su reparto.

En total, se ha anunciado una inversión de 11.000 millones de euros divididos en tres mecanismos distintos. No obstante, ha de hacerse hincapié en que no todo serán ayudas directas, sino que se trata de una estrategia de acompañamiento y, probablemente, no todo el presupuesto acabará en los balances de las empresas. Estos son los tres mecanismos que ha aprobado el Gobierno este viernes.

Ayudas directas de 7.000 millones

Esta primera línea es la más cuantiosa de las tres y propone la inyección directa de liquidez a las empresas. Las condiciones para solicitarlas es que la empresa sea viable y que actúe en uno de esos sectores más afectados, que coinciden en gran parte con los sectores que pueden solicitar ERTE.

A causa de esa diferenciación por sectores, el Gobierno ha distinguido entre regiones, dado que los dos archipiélagos tienen tejidos productivos en los que prima el sector turístico, más afectado en esta crisis. Por tanto, a las Islas Baleares y a Canarias irán 2.000 millones de euros, mientras que los 5.000 millones se repartirán entre todas las demás regiones y ciudades autónomas.

Otro requisito para acceder a estas ayudas es que los ingresos hayan caído, al menos un 30%. La cuantía de las mismas dependerá del tamaño de la empresa. Para micropymes y autónomos, las ayudas pueden compensar un 40% de esa caída de ingresos, mientras que en el resto de empresas puede alcanzar un 20%.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, detalla que estas ayudas son finalistas, es decir, que el dinero se destine para el pago de gastos fijos, proveedores así como acreedores financieros y no financieros.

Reestructuración de deuda: 3.000 millones

Sin detenerse demasiado en los pormenores de este mecanismo, Calviño ha explicado que el objetivo de esta herramienta es «que el ICO pueda acompañar a las entidades» en los procesos de reestructuración financiera. No obstante, este apoyo se reduce a los créditos avalados por el ICO.

El sentido es que el Estado pueda asumir parte de estas reestructuración a través de los avales del ICO, si bien los préstamos pueda convertirse en «préstamos participativos». De esa manera, el Estado entraría a formar parte del capital de las empresas y reforzará su solvencia.

Asimismo, está previsto que en las próximas semanas se diseñe de manera concreta cómo se pondrá en marcha este mecanismo. En esa línea, se creará un código de buenas prácticas para que sirva como guía al sector financiero y a los organismos que han distribuido fondos con aval público.

Fondo de recapitalización: 1.000 millones

El Ministerio de Economía puso en marcha a mediados del año pasado un fondo destinado al socorro de empresas estratégicas. Sin embargo, esa herramienta no sirve para las compañías más pequeñas, para lo que se ha creado este fondo de recapitalización que servirá a las empresas con umbrales económicos inferiores a los necesarios para recibir los rescates de SEPI.

De ese modo, «las ayudas se realizarán en forma de instrumentos financieros a empresas que atraviesen dificultades temporales». Entre esos instrumentos se encuentra la participación directa del Estado a través de acciones que, no obstante, se limita a un máximo de 8 años. Otras de las condiciones son: que el estado participe de los beneficios de la empresa, y que no puedan repartir dividendos ni incrementar los salarios de la alta dirección en dos años.

No obstante, estas condiciones se aplican a todas las empresas que pretendan acceder a las ayudas, a las que se suman la prohibición de tener el domicilio de la empresa en un paraíso fiscal, no estar en concurso, no haber cesado de actividad en el momento de la solicitud, mantener la actividad hasta junio de 2022 y estar al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social.

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