Una vez hecho el anuncio de que el Gobierno pretende movilizar 200 mil millones de euros, el Ejecutivo se ha encargado de establecer las condiciones en que se realizará dicha inyección. En primer lugar, se han puesto en marcha los avales públicos por valor de 100 mil millones de euros destinados a créditos para empresas y autónomos, según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros de este martes.
Aunque el anuncio inicial hablaba de 100 mil millones, Montero ha aclarado que se distribuirán en distintos tramos, de modo que el primero tendrá un importe de 20 mil millones de euros. La razón de que se distribuya un primer tramo es que el Gobierno pretende “observar cómo se comporta este mecanismo y ajustarlo si es necesario”. La intención es desbloquear un segundo tramo cuando se desbloquee el primero. En ese sentido, la ministra aclara que serán válidos para los nuevos préstamos y para renovaciones, además de contar de carácter retroactivo, es decir, para los préstamos concedidos desde el 18 de marzo.
La tipología de los préstamos que podrán acogerse a los avales públicos va desde pagos de salarios, de facturas, hasta distintas “necesidades circulantes” de las empresas, derivadas del vencimiento de créditos destinados a estos fines. De esos 10 mil millones, se garantiza que la mitad irá a parar a préstamos de pymes y autónomos.
Asimismo, los avales públicos no se han diseñado para cubrir la totalidad del crédito, sino que cubrirán el 80% de los préstamos en el caso de las pymes y autónomos, el 70% para el resto de empresas, y el 60% de aquellos préstamos que se tengan que renovar. Además, se especifica que los créditos avalados podrán tener una duración máxima de cinco años.
En lo que compete a las condiciones de dichos préstamos, Montero aclara que “el Gobierno no ha acordado ningún interés” con los bancos, por lo que serán las entidades financieras las que marquen el precio al que conceden los créditos. En todo caso, la ministra razona que “el problema no es con el tipo de interés, sino por la necesidad de avalar el riesgo, para que las entidades tengan un colchón de seguridad”.
