Australia aplicará a partir del 10 de diciembre una de las restricciones más estrictas del mundo al acceso a redes sociales, al prohibir que los menores de 16 años tengan cuentas en algunas plataformas.
La medida genera un intenso debate entre especialistas, que discrepan sobre si protege o aísla a los adolescentes y los expone a entornos digitales menos supervisados.
En un encuentro con corresponsales en Sídney este viernes, la Dra. Catherine Page Jeffery, experta en prácticas juveniles en línea, y el profesor Terry Flew, académico en regulación digital, ambos de la Universidad de Sídney, expusieron posiciones opuestas sobre la eficacia del veto, aunque coincidieron en reforzar el control sobre las grandes plataformas.
Page Jeffery calificó la prohibición como «un instrumento demasiado burdo», al considerar que ofrece una respuesta simplista a problemas complejos del uso juvenil de Internet.
Medida que puede ser contraproducente para los jóvenes
Sostuvo que la evidencia científica que relaciona redes sociales y salud mental es «inconclusa» y recordó que más de 140 académicos firmaron en 2023 una petición contra la medida. Varias organizaciones de derechos de la infancia alertan además de su posible impacto negativo.
Según la investigadora, el acceso a plataformas digitales constituye para muchos adolescentes un espacio clave de socialización, especialmente para jóvenes LGTBI, quienes viven en zonas remotas o en contextos culturalmente diversos.
También advirtió de que el veto podría empujar a los menores hacia canales menos regulados y más difíciles de supervisar, lo que aumentaría los riesgos en lugar de reducirlos.
«Si eliminamos por completo su presencia en redes, les quitamos la oportunidad de aprender a interactuar de manera segura», afirmó, y señaló que esta prohibición puede «menoscabar el desarrollo de alfabetización mediática y pensamiento crítico».
Por su parte, el profesor Terry Flew situó la nueva normativa en un contexto global de desconfianza hacia la autorregulación de las plataformas.
Destacó que el poder concentrado en un reducido grupo de empresas ha configurado un ecosistema digital «orientado a la extracción de datos y a la manipulación algorítmica», incluidos patrones publicitarios dirigidos a menores.
«La confianza en las promesas de autocontrol se agotó», dijo, aunque reconoció que el vínculo entre redes y daños psicológicos no es concluyente. Aseguró que existe «una preocupación pública sostenida» alimentada por episodios de angustia juvenil, especialmente tras la pandemia.
El experto afirmó que, pese a que la industria prohibía desde hace décadas la participación de menores de 13 años, «nunca aplicó sus propias reglas», lo que justificaría una intervención más contundente por parte de Australia.
Desafío en la verificación de edad
Uno de los grandes retos será la verificación de edad, que exigirá un despliegue gradual de sistemas técnicos. El Gobierno australiano propone combinar tecnologías de reconocimiento facial, análisis de datos existentes en empresas y nuevos mecanismos desarrollados por las plataformas.
Según ambos expertos, muchos adolescentes podrían recurrir a cuentas falsas, perfiles de familiares o redes privadas virtuales. No obstante, Flew consideró que, si la presencia juvenil disminuye, las plataformas serán menos atractivas para sus coetáneos.
El profesor anticipó posibles impugnaciones legales, incluida una acción de la recién formada Coalición de Libertad Digital, que alega que la norma vulneraría el derecho implícito de los menores a la comunicación política.
También señaló la posibilidad de que empresas estadounidenses recurran la medida alegando conflicto con el acuerdo de libre comercio entre Australia y Estados Unidos.
Mirada internacional y próximos pasos
Page Jeffery insistió en que la prohibición, por sí sola, no resolverá los riesgos digitales, y abogó por una estrategia más amplia que combine educación digital, acompañamiento familiar, herramientas de seguridad y mejoras en el diseño de las plataformas.
La comunidad internacional observa con atención el caso australiano. Países como Francia, Dinamarca y Nueva Zelanda estudian normas similares, a la espera de comprobar si esta iniciativa reduce los daños asociados al uso adolescente de redes sin generar efectos secundarios indeseados.
