Bankia celebra su junta con varios frentes abiertos

Bankia celebra este martes a mediodía su junta general de accionistas en Valencia. El encuentro, que ha venido precedido de declaraciones de su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, sobre el futuro de la entidad nacionalizada, servirá para que su cúpula dirigente se ponga al día en varios temas pendientes.

La acumulación de asuntos por resolver se debe a que ésta será la primera junta de accionistas que se celebra desde el ERE acordado tras la fusión con BMN y la presentación del Plan Estratégico 2018-2020. De hecho, varios de los temas que figuran en el orden del día se refieren a contenidos de ese plan.

Así, los accionistas deben dar su visto bueno al reparto de hasta 340 millones de euros en dividendos, lo que supone un incremento de la remuneración de un 7 % respecto a 2017 y una retribución de 0,11024 euros brutos por título. El pago de este dividendo, que se realizará a través de un único abono en efectivo, está previsto para el próximo 20 de abril.

El Plan Estratégico de Bankia estipula el reparto de 2.500 millones de euros entre sus accionistas en los próximos tres años, unos fondos que la entidad prevé conseguir gracias a sus beneficios anuales, con una previsión de alcanzar los 1.300 millones de euros en 2020, y también a través de la devolución del exceso de capital por encima del 12 %.

Todo ello, según la cúpula dirigente de la entidad nacionalizada, les permitiría seguir devolviendo el rescate financiero recibido de la Unión Europea a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El Estado español, mediante este fondo de rescate, cuenta con una participación del 61% tras haber inyectado 22.400 millones de euros de ayudas públicas en sus cuentas en 2012.

Además, Bankia aprobará este martes devolver a su matriz Banco Financiero y de Ahorro (BFA) 207 millones de euros, lo que supone en la práctica restituir ese importe a las arcas públicas, ya que BFA está participada íntegramente por el Estado. Sin embargo, las arcas públicas asumirán unas pérdidas de hasta 14.000 millones de euros cuando consiga deshacerse de su participación en Bankia.

Otro de los temas que figuran en el orden del día de la junta de accionistas de Bankia es la aprobación de las cuentas de 2017, además del informe de gestión. El ejercicio pasado, la entidad presentó un beneficio neto atribuido de 816 millones de euros, un 1,4% más que un año antes, aunque teniendo en cuenta la incorporación de BMN al grupo, el beneficio sería de 505 millones, un 37,3% menos que en 2016.

Entre los temas pendientes también figura la autorización de la delegación en el consejo de la posibilidad de ampliar el capital social de la entidad hasta en un máximo del 50 % del capital social suscrito » en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años».

Los accionistas también deberán votar el abono de parte de la retribución variable anual de 2018 de los consejeros ejecutivos en acciones de Bankia, y fijar el número de miembros del consejo dentro del límite mínimo y máximo establecido en los estatutos.

Fuera del orden del día, la junta de Bankia estará marcada por los rumores de fusión, que este lunes fueron de nuevo desmentidos por Goirigolzarri, que calificó de «ciencia ficción» la posibilidad de que la entidad nacionalizada sea comprada o absorbida por BBVA, Sabadell, CaixaBank o un banco extranjero, aunque no quiso descartar esa posibilidad «en el largo plazo».

Goirigolzarri ha señalado que le «sorprendería» que el nuevo ministro de Economía, Román Escolano, hubiera mantenido reuniones con otros bancos para impulsar esa integración, aunque ha reconocido que Bankia es una de las entidades más codiciadas del sector tras el saneamiento de sus cuentas.

Por otra parte, el presidente de Bankia ha especulado con la posibilidad de que el FROB venda participaciones más grandes de la entidad en el proceso de privatización de sus activos, teniendo en cuenta que hasta el momento el Estado ha optado por desprenderse de dos paquetes equivalentes a un 7% del capital entre inversores institucionales, que supusieron a las arcas públicas unas pérdidas de 300 millones de euros cada una.

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