Biden en la cima

Siete días después la inauguración de Joe Biden fue el “Día del Clima”, bautizado por el equipo del nuevo presidente tras la firma de una serie de decretos presidenciales para romper con la era Trump en cuanto a política medioambiental.

EL CLIMA: UNA PRIORIDAD

Las medidas que se anunciaron no son nuevas y están en línea con los compromisos de campaña de Biden. Sin embargo, la rapidez de estos anuncios y el nuevo enfoque de «todo el gobierno» son la prueba de una administración que no sólo pretende volver a las prácticas de la era Obama, sino que también da mucha más prioridad al clima.

El clima ocupa el segundo lugar entre las siete prioridades definidas por la nueva administración, sólo por detrás de la gestión de la crisis de la Covid-19. El enfoque de «todo el gobierno» de Biden pide que el clima se convierta en un componente esencial de la elaboración de políticas a nivel federal. Los primeros indicios de este enfoque son la creación de una oficina dentro de la Casa Blanca encargada de coordinar la política medioambiental nacional y, un puesto de enviado especial para el clima en el extranjero. El Departamento del Tesoro tendrá que integrar ahora los riesgos financieros relacionados con el cambio climático y se incorporará un coste social de las emisiones de gases de efecto invernadero – potencialmente de unos 50 dólares/tonelada – en la toma de decisiones de las distintas agencias federales.

Además, Estados Unidos se reincorporará al Acuerdo de París y tiene previsto celebrar una cumbre de líderes climáticos en abril para anunciar, presumiblemente, un objetivo de neutralidad de carbono para 2050. Por sectores, las medidas anunciadas marcan la pauta para el resto de su mandato.

EL PETRÓLEO: UN SECTOR EN CAÍDA LIBRE

El sector más impactado a priori es el de petróleo y gas, primero con la aplicación de una moratoria a la exploración petrolera en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Se trata de una medida principalmente simbólica que pone fin a la autorización de exploración concedida por Donald Trump hacia el final de su mandato. La subasta lanzada a principios de enero para los lotes de exploración en el Ártico, llevada a cabo como un gesto simbólico por la administración saliente, no tuvo éxito, ya que solo participaron dos empresas y ninguna de las principales. Además, el controvertido proyecto Keystone XL, para un oleoducto de transporte de petróleo desde Alberta (Canadá) hasta Texas, ha sido cancelado. 

Biden también anunció una pausa temporal en la concesión de permisos de perforación en tierras federales. El 20% del petróleo y el gas natural que se produce en Estados Unidos procede de tierras federales. Esta medida fue anticipada por las empresas, que aumentaron el número de solicitudes de permisos en el año anterior y ahora tienen casi cinco años de reservas al ritmo actual. Esta medida es temporal y podría levantarse más adelante. Además, está lejos de satisfacer las demandas del ala izquierda del Partido Demócrata de acabar con el fracking, la fracturación del lecho de roca en la base del petróleo de esquisto.

Estas medidas son en gran medida simbólicas y tienen poco impacto en el sector. Biden ha mencionado la necesidad de revisar las subvenciones al sector y de endurecer las normas sobre las emisiones de metano. El sector petrolero goza de un trato fiscal preferente en Estados Unidos y una revisión tendría un impacto más significativo en la generación de efectivo de la industria. En cuanto al endurecimiento de las normas sobre las emisiones de metano, debería generar nuevos costes operativos, aunque mínimos.

Como señal de los tiempos, MasTec, empresa constructora especializada en el desarrollo y la construcción de infraestructuras petrolíferas, acaba de anunciar que reorienta sus actividades hacia las telecomunicaciones, el desarrollo de las energías renovables y la red eléctrica.

TRANSPORTE: UN ATRASO PARA PONERSE AL DÍA

La obligación de que las agencias federales conviertan sus flotas en vehículos de cero emisiones ‘Made in America’ es de gran importancia para el sector, ya que el Estado Federal tiene una flota de 645.000 vehículos y gasta 4.400 millones de dólares al año en su mantenimiento. El anuncio garantiza volúmenes para actores tradicionales como General Motors y Ford, que lanzan sus primeros modelos eléctricos. También podría ser un regalo para la miríada de start-ups estadounidenses. 

Además de este apoyo, Biden ha pedido una revisión por parte de la EPA -la agencia reguladora del medio ambiente- de las normas de emisión de vehículos. La relajación de estas normas bajo el mandato de Trump convierte ahora a Estados Unidos en una de las regiones más laxas en cuanto a las emisiones medias de los vehículos de pasajeros, por detrás de China.

Estados Unidos ha quedado muy por detrás de China en el desarrollo de vehículos eléctricos. La capitalización de Tesla no debe ocultar el hecho de que la mayor parte de la cadena de valor se encuentra ahora en China. En nuestra opinión, un fuerte apoyo al desarrollo de una cadena local beneficiaría a LG Chem y General Motors, dos actores con varias empresas conjuntas que producen baterías y componentes eléctricos en Estados Unidos.

INFRAESTRUCTURAS: A LA ESPERA DEL PLAN DE ESTÍMULO

Por su parte, el sector de la construcción espera una revisión de las normas de eficiencia energética exigidas a los nuevos edificios. Los detalles se darán a conocer en mayo. La única revisión de las normas para los edificios nuevos ha tenido un impacto limitado, pero se incluirán otras medidas de apoyo al sector en el plan de estímulo que se espera para el segundo trimestre. Asimismo, cabe esperar una aceleración de los programas de renovación de los edificios administrativos. Los principales beneficiarios serían: los actores expuestos a los materiales de aislamiento, los fabricantes de sistemas de aire acondicionado y, por último, las empresas de ingeniería. 

Más allá de los comunicados, el discurso de Biden de finales de enero contenía numerosas referencias a la «transición justa». El impacto social de estas medidas no se descuidará y, por tanto, parece difícil que surja un consenso en torno a medidas coercitivas o aumentos de impuestos que repercutan en el consumidor. Las dos herramientas principales serán probablemente la regulación y las subvenciones: endurecer las normas sobre las industrias fósiles para limitar su crecimiento y las subvenciones para mejorar la competitividad de las nuevas tecnologías.

Habrá que seguir de cerca el destino de los impuestos que Trump había impuesto a las importaciones de paneles solares procedentes de China. China produce el 62% de los paneles solares utilizados en todo el mundo y la producción estadounidense no es competitiva. SunPower, un productor estadounidense, acaba de cerrar su última fábrica en Estados Unidos. Por lo tanto, será necesario encontrar una línea divisoria entre el Made in America y la Transición Justa.  

2021-02-19 17:41:19