Lo prometido es deuda y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pone en marcha su anteproyecto de Ley de Autonomía Financiera en el Consejo de Gobierno celebrado hoy miércoles, 19 de enero. Asegurando la presidenta que no va a permitir que “suban los impuestos por la puerta de atrás”, el anteproyecto de ley nace con el fin de garantizar la Constitución y las competencias fiscales que en ella están recogidas. Una bajada histórica del IRPF que abarca a los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones.
A pesar de ser acusada por otras comunidades autónomas de dumping fiscal, la presidenta ha sido tajante en su comparecencia: ni va a subir los impuestos ni va a permitir que nadie lo haga en la capital. “Subiendo los impuestos a Madrid, el capital y la inversión no se irán a otros lugares de España. Ningún país prospera atentando directamente contra su capital.”
Data en el año 1996 cuando se decretó que todas aquellas competencias relacionadas con los tributos pasaran a formar parte de las comunidades autónomas. Sin embargo, el Gobierno de España pretende paliar esta medida, imponiendo límites a las comunidades a través de una “armonización fiscal” que reduzca el poder de estas a la hora de decidir si bajar o no los impuestos.
Lo avala la Constitución española
Ha sido ante esta pretensión de “armonización” del Ejecutivo cuando se ha hecho efectiva la formulación legal por parte de la Comunidad de Madrid con Ayuso a la cabeza. Con el fin de dar cobertura a lo estipulado en los artículos 156 y 157 de la Constitución española con la nueva Ley de Autonomía Financiera y garantizar así los derechos de los madrileños, la presidenta estaría blindando fiscalmente a Madrid frente a modificaciones por parte de Moncloa con el Ministerio de Hacienda al frente.
El Consejo de Gobierno regional, por tanto, da luz verde a una ley que buscar preservar la libertad de la Comunidad de Madrid, reduciendo su IRPF, imponiendo sus propios impuestos y amparándose así, en lo estipulado por la norma suprema del ordenamiento jurídico español. “Quieren arrebatarnos una competencia que está transferida a las comunidades autónomas.”
