La novena edición de la Semana de la ISR 2020, organizada por Spainsif, el Foro Español de Inversión Sostenible, ha puesto de manifiesto la relevancia que puede tener la inversión que integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19.
“Durante seis sesiones hemos tratado de analizar las claves de la evolución de la inversión sostenible y somos optimistas sobre su desarrollo en España, después de más de una década de evolución. Ahora necesita avanzar hacia un periodo de madurez, que vendrá impulsado por las métricas y los análisis, la regulación europea, la inversión institucional y, también, por la necesidad de contribuir desde las empresas a minimizar el impacto que el COVID-19 está teniendo en la sociedad”, ha valorado Joaquín Garralda, presidente de Spainsif.
La Semana de la ISR 2020, se ha celebrado por primera vez en formato virtual, a través de webinars diarios, que han sido seguidos por más de 700 personas. La primera sesión analizó “Los planes de pensiones de empleo y criterios ASG”. En ella, María Francisca Gómez-Jover Torregrosa, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria, Dirección General de Seguros, indicó que el 80% de los fondos de pensiones analizados invierten según criterios ASG, de acuerdo con el informe “Requerimientos ISR 2018”.
Por su parte, Teresa Casla, presidenta y CEO de Fonditel, aseguró que la crisis del COVID-19 ha impulsado las tres vertientes de la inversión sostenible: “La medioambiental, por el impulso a la sostenibilidad, por ejemplo, con el Green Deal de la UE; la social, por el compromiso con la sociedad y los servicios esenciales, como los sanitarios; y la de gobernanza, por el compromiso en el mantenimiento de los empleos y la suspensión de retribuciones o dividendos”.
La “Transparencia y calidad de la información en la inversión sostenible”, centró la segunda sesión de la Semana de la ISR. María José Gálvez, directora de Sostenibilidad de Bankia, recordó que facilitar “la información no financiera ha dejado de ser voluntario para pasar a ser obligatorio, lo que obliga a las empresas a compartir una información fiable, comparable y relevante de su actividad, en un entorno en el que cada vez existe un mayor escrutinio sobre su comportamiento y sobre su compromiso con el desarrollo sostenible, así como del análisis de sus inversiones”.
