El Gobierno de Brasil ha solicitado al Departamento del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) reconsiderar la apertura de una investigación sobre supuestas prácticas comerciales desleales y aseguró que los alegatos de Washington «son improcedentes».
En un informe coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y enviado este lunes, 18 de agosto, al despacho comercial estadounidense, Brasil instó a optar por el diálogo y a reconsiderar la acción iniciada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
«El documento prueba que las políticas brasileñas investigadas son transparentes, no discriminatorias y cumplen plenamente con las mejores prácticas internacionales y las obligaciones del país ante la OMC», señala el comunicado divulgado por la Cancillería brasileña.
El Ejecutivo reiteró que no reconoce la legitimidad de instrumentos unilaterales como la Sección 301, por considerar que son incompatibles con las normas y el sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio.
También dejó claro que su participación en el proceso se da «en espíritu de diálogo» y «no constituye reconocimiento de la validez o jurisdicción del procedimiento» estadounidense.
El informe desmiente que las políticas brasileñas perjudiquen el comercio estadounidense y defiende que los datos muestran un «superávit comercial histórico» a favor de EE.UU. en la relación bilateral.
La investigación en curso incluye temas como comercio digital —con foco en el sistema de pagos Pix—, tarifas preferenciales, propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol, aplicación de leyes anticorrupción y deforestación.
La Casa Blanca notificó la apertura formal de la investigación el 15 de julio, una semana después de que Donald Trump anunciara un arancel adicional del 50% sobre productos brasileños. El presidente estadounidense justificó la medida como represalia por lo que calificó de «cacería de brujas» contra Jair Bolsonaro.
El líder ultraderechista brasileño enfrenta actualmente un juicio por golpismo, cuya fase final comenzará el 2 de septiembre, con una posible pena de hasta 40 años de prisión.
Tras el envío del informe, está previsto que negociadores de ambos países retomen el debate en una audiencia pública en diciembre, donde se discutirán los hallazgos y eventuales soluciones a las tensiones bilaterales.
