La Comisión Europea ha anunciado que tomará una decisión «a corto plazo» acerca de las multas a Apple y Meta por supuestas transgresiones a la ley de mercados digitales (DMA), un componente de la normativa antimonopolio de la Unión Europea.
«Los trabajos técnicos de ciertos expedientes han terminado. Algunos han alcanzado un nivel de madurez, lo que significa que ahora estamos trabajando para adoptar la decisión final a corto plazo», han explicado fuentes de la Comisión.
La vicepresidenta de Transición Limpia y responsable de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ya dejó claro la semana pasada que Bruselas no «rehuirá» imponer sanciones si las grandes plataformas digitales no cumplen con las leyes europeas. Además, subrayó la importancia de aplicar multas cuando las empresas tecnológicas no colaboran, enfatizando que estas acciones son vitales para «proteger los mercados y a los consumidores».
El año anterior, la Comisión Europea determinó que Apple había violado la DMA al ejercer control sobre la App Store, restringiendo la capacidad de los desarrolladores para comunicar ofertas a los usuarios y complicando la instalación de tiendas de aplicaciones de terceros. Asimismo, concluyó que Meta no acató las normativas debido a su política de privacidad de datos, obligando a los usuarios de Instagram a pagar para esquivar publicidad basada en sus perfiles.
Las posibles sanciones a Apple y Meta marcarían las primeras desde la implementación de la DMA, que permite imponer multas de hasta el 10% de la facturación global de una empresa. Aunque es poco probable que las multas alcancen tales magnitudes, la acción supondría un aviso a navegantes.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, también ha mencionado la posibilidad de aplicar impuestos a las grandes empresas digitales estadounidenses si las negociaciones con Washington no resuelven la actual guerra comercial.
La necesidad de establecer un marco regulatorio más estricto para las grandes plataformas digitales es una prioridad para la Comisión, que busca garantizar un entorno competitivo equitativo y proteger a los consumidores europeos de prácticas empresariales abusivas.
