Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) constataron que Rumanía no ha adoptado medidas suficientes para sanear sus cuentas públicas y han urgido al país a realizar ajustes para reducir su déficit, que en 2024 se situó en un 9,3% del PIB.
Los Veintisiete han respaldado el análisis efectuado por la Comisión Europea a principios de mes, en el que la institución concluyó que Rumanía «lleva registrando déficit excesivos durante demasiado tiempo» sin que las autoridades del país hayan adoptado medidas correctivas para hacer frente a esta situación.
Tras este paso, Bucarest –que tiene un expediente abierto por déficit excesivo desde 2020– se arriesga a que Bruselas suspenda una parte de los fondos europeos que tiene asignados si no toma medidas para corregir la situación.
«El gasto (público) neto ha aumentado mucho más rápido de lo recomendado derivando en un déficit persistentemente alto y poniendo en riesgo una corrección del déficit excesivo de Rumanía a tiempo para 2030», explican los Estados miembros en un comunicado.
En concreto, el déficit público de Rumanía subió hasta el 9,3% del PIB en 2024 desde el 6,6% registrado un año antes, a pesar de que el objetivo pactado entre Bucarest y Bruselas para el pasado ejercicio era del 7,9%.
La Comisión Europea augura que el desvío entre ingresos y gastos se reducirá al 8,6% este año gracias a una serie de medidas como la congelación de salarios y pensiones o la eliminación de ventajas tributarias concedidas a algunos sectores.
Sin embargo, la reforma fiscal que Rumanía incluyó en su plan fiscal a medio plazo, una medida «clave» para lograr las metas presupuestarias este año y el próximo, no ha entrado en vigor el 1 de abril, tal y como había sido recomendado por las instituciones comunitarias.
Con respecto a la deuda pública, subió en casi seis puntos hasta situarse en el 54,8% del PIB al cierre de 2024 y Bruselas calcula que continuará con esta senda para llegar al 59,4% cuando se acabe este año, valor que, aunque cercano, no sobrepasa el umbral del 60% del PIB que establecen las reglas fiscales comunitarias.
