Bruselas reacciona a las restricciones chinas de exportación

La Unión Europea (UE) busca coordinar con los países del G7 una respuesta conjunta al reciente anuncio de China de imponer nuevas restricciones a la exportación de tierras raras, materiales estratégicos para la industria tecnológica y energética.

Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio, aseguró este martes tras una reunión informal de ministros de Comercio de los Veintisiete que Bruselas no se quedará de brazos cruzados.

«Necesitamos una respuesta coordinada», subrayó, al tiempo que calificó la decisión de «injustificada» y confirmó que mantiene contactos directos con Pekín para buscar una salida diplomática.

Trato justo

Sefcovic pidió un trato justo para las empresas europeas y advirtió de la «enorme incertidumbre» que las restricciones generan en las compañías del continente.

Según el comisario, China solo ha aprobado la mitad de los permisos de exportación solicitados por empresas europeas, lo que está afectando a la planificación de su producción.

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, anfitrión de la reunión en la ciudad de Horsens, pidió una postura más firme ante Pekín. A su juicio, la UE debe «mostrar músculo» y actuar como el principal bloque comercial del mundo.

Próxima reunión

Sefcovic adelantó que ha solicitado una videoconferencia con su homólogo chino para principios de la próxima semana y confía en que se logre un entendimiento que evite una nueva escalada comercial.

Por su parte, China ha defendido la legitimidad de las restricciones, alegando que su impacto sobre las cadenas de suministro globales será limitado, y ha instado a las empresas a mantener la calma.

La decisión de Pekín se produce en un contexto de tensiones crecientes entre China y Estados Unidos, que han intensificado sus políticas arancelarias y controles de exportaciones en sectores estratégicos como el de los semiconductores y los minerales críticos.

Con el respaldo del G7, la UE pretende mantener la estabilidad del comercio internacional y proteger los intereses industriales del continente frente a una medida que podría alterar los flujos de suministro globales de recursos esenciales para la transición energética.