Las empresas con una plantilla superior a 50 trabadores deberán implementar un buzón de denuncias interno con el fin de informar sobre infracciones normativas y corrupción. Así lo establece la Ley 2/2023 publicada en el BOE el pasado 21 de febrero de 2023 y que entrará en vigor el próximo 13 de marzo. Todas aquellas pymes que no cumplan con esta nueva obligación estarán expuestas a sanciones de miles de euros.
La nueva regulación del Ministerio de Trabajo tiene como objetivo “proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma” tal y como dicta la legislación.
El Sistema Interno de Información (ITSS) de Inspección de Trabajo y Seguridad Social se enmarca en la directiva europea Whistleblowing 2019/1937. Esta normativa, cuyo vigor entra el mismo día, el 13 de marzo de 2023, nace con el fin de amparar “a personas que informen sobre irregularidades, infracciones o delitos dentro de las empresas de la Unión Europea”.
Sobrecoste a unas 25.000 empresas
Esta legislación repercutirá principalmente a grandes y medianas empresas del tejido empresarial español; lo equivalente a unos 25.000 negocios con un número de trabajares de más de 50, según publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su último informe.
Estas tendrán un plazo de hasta tres meses, hasta junio, para ponerlo en práctica. Sin embargo, las medianas empresas, aquellas con menos de 250 empleados, tienen de margen hasta el 1 de diciembre de 2023 para poner el ITSS en marcha.
