El Gobierno chino ha evitado este jueves pronunciarse sobre la denuncia presentada en Brasil contra la automotriz china BYD por presunto uso de trabajo esclavo, pero ha subrayado que las empresas deben «operar de acuerdo con las leyes y regulaciones» de los países en los que estén implantadas.
«La parte china ha reiterado en múltiples ocasiones que el Gobierno concede gran importancia a la protección de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores, y exige a las empresas chinas que respeten las leyes allá donde operen», ha declarado hoy la portavoz de Exteriores Mao Ning al ser consultada sobre el caso.
La fiscalía laboral brasileña presentó esta semana una acción civil contra BYD y dos contratistas por trabajo análogo a la esclavitud y trata internacional de personas.
El caso afecta a 220 trabajadores chinos rescatados en diciembre de 2024 en una planta industrial de la empresa en el estado de Bahía.
Según las autoridades brasileñas, esas 220 personas fueron traídas desde China con visados irregulares para «servicios especializados» que no correspondían con las tareas reales que desempeñaban y además se les retenían los pasaportes bajo vigilancia armada.
Las víctimas vivían hacinadas en alojamientos precarios, con un baño para cada 31 personas, camas sin colchón y comida almacenada junto a materiales de obra, y sufrían la retención de hasta el 70% de su salario en caso de abandonar el trabajo.
Cuando se conoció el hecho, la empresa china anunció la rescisión de su contrato con el Grupo Jinjiang y afirmó que «no tolera faltas de respeto a la ley brasileña y a la dignidad humana».
