Cameron aprieta el cinturón a la inmigración ilegal

La medida fue anunciada hace casi un año y ha empezado a ponerse en marcha en la región de West Midlands y ahora se extendió por toda Inglaterra, en un país en el que se calcula que el número total de viviendas en alquiler es de 4,2 millones.

Control sobre solicitantes de asilo

Para garantizar que todos los caseros cumplen con la medida, está previsto que el Parlamento debata este otoño unproyecto de ley de inmigración, que penalice a los reincidentes y que incluso se confisque el importe de los alquileres.

El debate se produce en plena crisis de inmigrantes en Calais, pero el Gobierno también tiene la mirada puesta en los solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada y que no por lo tanto ya no tienen derecho de quedarse más tiempo residiendo en el país.

Medidas enérgicas

Por su parte, los propietarios no tendrán necesidad de esperar a una orden judicial para desalojar a los inquilinos que se queden sin papeles. "Estamos decididos a acabar con los terratenientes sin escrúpulos que hacen dinero de la inmigración ilegal, de la explotación de las personas vulnerables y que además socavan nuestro sistema de inmigración", dijo Greg Clark, secretario de Estado de Comunidades.

Además, Clark dijo que también se exigirá a los propietarios "cumplir con sus responsabilidades básicas como dueños, tomando medidas enérgicas contra quien se suscribe propiedades peligrosas, sucias y .

Miedo a consecuencias

Tras el anuncio las protestas no se han hecho esperar. Sin ir más lejos, desde la  Asociación Nacional de Propietarios advierten de que estos controles no servirán más que para conducir a que los extranjeros en situación vulnerable se encuentren con "operadores sin escrúpulos" y dejan sobre la mesa la posibilidad de que se den episodios racistas, con propietarios viéndose atentados a alquilar solo a británicos blancos.

Apoyo a los refugiados

Por su parte, desde el Consejo de Refugiados con sede en Londres, dijeron estar "muy preocupados" por unas medidas que tendrán consecuencias perjudiciales y no deseables para los solicitantes de asilo, así como para los refugiados con derecho legal de vivir en Gran Bretaña.

"Los refugiados y solicitantes de asilo llegaron al Reino Unido escapando de persecuciones", recordó Lisa Doyle, responsable de grupo, quien puntualizó que tienen "la responsabilidad de ofrecer protección en un lugar seguro, para no discriminar y marginar aún más".

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