El sector agroalimentario español ha recibido con preocupación el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos para fijar un arancel del 15% en la mayoría de las transacciones comerciales.
Las organizaciones consideran esta decisión «injusta», aunque admiten que representa un «mal menor» frente a un posible escenario de guerra comercial.
La industria alimentaria y de bebidas, a través de FIAB, ha mostrado su rechazo. Su presidente, Ignacio Silva, ha afirmado que «los aranceles son siempre una mala noticia, por mucho que las expectativas fueran mayores» y ha pedido medidas de acompañamiento para las empresas más afectadas.
La patronal cree que el pacto es desequilibrado, pero prefiere este resultado al deterioro comercial que habría supuesto la imposición de un 30% de arancel.
El aceite de oliva y el vino concentran buena parte de las preocupaciones. La asociación Asoliva lamenta la «distorsión del mercado internacional» que genera el nuevo gravamen y teme un deterioro económico tras años de inversión en el mercado estadounidense, considerado estratégico.
La Federación Española del Vino (FEV) calcula que las exportaciones podrían reducirse hasta un 10%, lo que supondría un duro golpe para el primer mercado exterior de los vinos envasados españoles.
También el sector cárnico ha expresado inquietud. La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) considera que el acuerdo, aunque más esperanzador que una guerra comercial, sigue siendo perjudicial.
Su director general, Giuseppe Aloisio, ha pedido conocer cuanto antes los condicionantes y excepciones previstos.
El ámbito cooperativo tampoco oculta su malestar. Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha exigido una actitud más ofensiva de la Comisión Europea, al considerar que se ha cedido ante la presión estadounidense. Advierte, además, de posibles nuevas imposiciones que podrían agravar la situación.
Desde las organizaciones agrarias, COAG ha calificado el pacto como un mal menor, pero no descarta «sorpresas» al conocerse la letra pequeña. Su director técnico, José Luis Miguel, ha reconocido sentir alivio, aunque mantiene la cautela. UPA, por su parte, ha sido más crítica.
Ignacio Huertas, su secretario de Agricultura, ha denunciado que el acuerdo «empeora la situación que ya existía» y supone la consolidación de un arancel que «amenaza la viabilidad de muchas exportaciones nacionales». Además, critica la ausencia de reciprocidad en las condiciones pactadas.
Por último, desde Unión de Uniones, reconocen que el pacto puede aportar cierta estabilidad comercial, pero consideran que se trata de un acuerdo «desequilibrado» que supone un duro golpe para el sector agroalimentario español, al que urgen a compensar con presupuestos excepcionales.
