Canadá ha dado un giro estratégico en sus relaciones con Estados Unidos. El primer ministro, Mark Carney, acaba de anunciar la retirada del impuesto a los servicios digitales (DST), una medida que permite retomar las negociaciones comerciales con la Casa Blanca, interrumpidas por Donald Trump el pasado viernes.
«En nuestra negociación de una nueva relación económica y de seguridad entre Canadá y Estados Unidos, el nuevo Gobierno de Canadá siempre estará guiado por la contribución total de cualquier posible acuerdo para los mejores intereses de los trabajadores y empresas canadienses», declaró Carney.
La decisión, adelantada por el Departamento de Finanzas de Canadá, responde a la voluntad de alcanzar un acuerdo «mutuamente benéfico» y evitar nuevos roces con su principal socio comercial.
El impuesto digital canadiense, que debía aplicarse retroactivamente desde 2022 a empresas con ingresos digitales superiores a 20 millones de dólares, fue el detonante del conflicto. El gravamen del 3% afectaba principalmente a gigantes tecnológicos estadounidenses como Meta, Amazon o Google.
Este viernes, Trump ordenó la suspensión inmediata de las conversaciones, en represalia por un tributo que, según dijo, violaba el espíritu del T-MEC. La ruptura generó incertidumbre sobre el futuro del acuerdo trilateral y fue interpretada como un nuevo gesto proteccionista del expresidente en su segundo mandato.
Nuevo marco comercial para julio
Carney aseguró que la decisión de rescindir la ley que creó el DST busca facilitar una reactivación de las negociaciones. El Ejecutivo canadiense espera alcanzar un nuevo pacto antes del 21 de julio, fecha establecida durante la Cumbre del G7 celebrada este mes en Kananaskis.
Desde su llegada al poder el 14 de marzo, el primer ministro canadiense ha propuesto rediseñar la relación bilateral con EE. UU., incluyendo materias de comercio, seguridad y flujo migratorio. En abril, anunció oficialmente la apertura de una ronda negociadora con Washington para renovar el marco actual.
Canadá sostiene que su preferencia sigue siendo un acuerdo multilateral sobre la fiscalidad digital, pero reconoce que el contexto actual requiere soluciones bilaterales para proteger sus intereses económicos.
