Catalunya Banc, Bankia y CAM acapararon el 60% del rescate a la banca

El Tribunal de Cuentas ha emitido este martes su informe de fiscalización del rescate bancario llevado a cabo por el Estado entre 2009 y 2015. Dicho documento audita las actuaciones realizadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Fondo de Garantías de Depósitos de Entidades de Crédito y el Banco de España como supervisor de los procesos de recapitalización. La estimación del coste total de los recursos públicos comprometidos es de 60.718 millones de euros, de los cuales 46.021 millones corresponden a pérdidas en aportaciones de capital y cuotas participativas. El computo global de la financiación pública comprometida es de 122.122 millones, sin embargo, la diferencia no ha constituido un coste para el sector público.

  El organismo independiente señala que estas cifras no son definitivas al descontar la venta de acciones participadas por el FROB hasta el 31 de diciembre de 2015. Dichas operaciones podrían provocar «un incremento o una disminución en el citado importe», recoge el informe. El coste desglosado por entidades refleja que los tres grandes rescates bancarios acapararon hasta el 60% del total de recursos públicos. La recapitalización de Catalunya Banc costó hasta 12.676 millones, la de Bankia 12.347 millones y la de Banco CAM 11.065 millones. Transparencia en el procedimiento Según el citado informe, las entidades han cumplido en líneas generales con sus funciones, aunque se han observado una serie de «deficiencias e insuficiencias» en los procesos. La ausencia de las garantías formalizadas en algunos contratos de reestructuración, la referencia a tipos de interés ponderados de fondos ajenos al FROB o la falta de una contabilidad analítica, son algunos de los requisitos formales que el Tribunal de Cuentas ha echado de menos durante el procedimiento. En la misma línea, el organismo achaca una serie de gastos ligados al rescate que podrían haberse evitado. Una interpretación menos restrictiva de la legislación (la Ley 9/2012, prevé la deducción y retención en el precio de venta de los gastos incurridos) podría haber permitido al fondo deducirse y retener importes mayores de los que realmente efectuó en los casos de algunas entidades bancarias. En concreto, el documento hace referencia a Caja Rural Comarcal Mota del Cuervo, CX y NCG, sin contar los casos del Banco Gallego y del Banco de Valencia, cuyo precio de venta fue de un euro. Tampoco considera necesaria la contratación que hizo el FROB en 2011 de expertos independientes para que elaboraran informes de «due diligence» y valoración en los casos de CEISS y Liberbank. Según el Tribunal de cuentas dichas auditorias fueron «innecesarias» y costaron 1,4 millones de euros, además de que el fondo decidió no repercutir el coste a las entidades. La contratación de una línea de crédito sindicada por valor de 3.000 millones de euros para casos de urgencia fue otra decisión poco acertada según el organismo independiente. El FROB nunca llegó a realizar ninguna disposición de los fondos con cargo a esta línea de crédito, si bien le supuso un coste total de 33 millones de euros durante sus dos años de vigencia.

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