Las medidas que el Gobierno tomó esta semana aportaron cierto alivio a las empresas y a los consumidores. La pega es que en la más llamativa, la famosa bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, carece de la claridad necesaria para llevarse a cabo.
Las gasolineras tienen que solicitar la bonificación del precio de los carburantes para sus clientes. Sin embargo, ante la premura de la puesta en vigor de esta medida, el Gobierno pretende que sea en los propios surtidores donde se efectúen los descuentos.
En otras palabras, que cada gasolinera adelante el descuento y que después le sea abonado por el Estado. El resultado es que las grandes compañías del sector puede afrontar ese impacto en su capital corriente, algo que las pequeñas y medianas empresas no pueden afrontar.
Esa es la principal queja que ha elevado la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios. También la CEOE se suma a esa reivindicación, y añade que esta forma de proporcionar la bonificación puede provocar una situación «dramática» para miles de empresas.
En ese sentido, la patronal lamenta que no se haya anticipado previamente el descuento, sino que el anticipo lo tienen que hacer las gasolineras asumiendo el coste. Además, tampoco se les ha comunicado cómo les va a compensar la Agencia Tributaria este gasto extra.
