Garantizar que el ejército de las FARC será desarmado, participar políticamente de la vida institucional del país y eliminar las causas estructurales del conflicto. Tales fueron los objetivos que perseguía el Gobierno de Colombia con la firma de paz que negoció con la guerrilla.
Para cumplir con los mismos, el Estado se enfrenta ahora al desafío de fortalecer su presencia en las regiones más afectadas por el conflicto. Como derivación de ello, se espera una activación económica a través de obras de infraestructura.
Reconstruir caminos
"Uno de los retos más grandes es crear las condiciones para que los campesinos salgan de las economías ilegales", dice León Valencia, ex guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda fuerza insurgente de ese país.
"No bastan proyectos productivos. Se requiere una salida integral, que incluye la creación de una cadena de comercialización", puntualiza el analista, devenido politólogo y creador de la Fundación Paz y Reconciliación, en un artículo del periódico El Espectador.