Con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados por el Senado, la ejecución de los fondos previstos puede comenzar el mismo 1 de enero. Los Presupuestos incorporan 27.000 millones de euros que proceden de los fondos europeos extraordinarios, si bien no se recibirán realmente hasta dentro de unos meses, cuando Bruselas dé el visto bueno a los planes españoles.
En todo caso, el Gobierno ha puesto en marcha un mecanismo nuevo que sirva para agilizar la distribución de esos fondos que entrará en vigor nada más comenzar 2021. La estructura burocrática que agilizará el reparto tendrá forma de pirámide. En el escalón de abajo se encuentran los ministerios, que elaborarán los denominados PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Estos son proyectos que deberían tener encaje en el plan global que el Gobierno presentará a la Comisión Europea antes de abril.
Cada Ministerio presentará sus PERTE, que tendrán que ser aprobados por el Consejo de Ministros. En dicho plan, se especificará cómo se puede acceder a las ayudas y cómo será la participación de las empresas. En todo caso, las empresas tendrán que dirigirse a los ministerios para solicitar información y para recibir las ayudas, una vez presenten concurran a las convocatorias pertinentes.
No obstante, hay que aclarar que el Comité Técnico, un nuevo organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, será quien autorice la creación de consorcios públicos destinados a repartir esas ayudas. En el escalón más alto se encuentra la Comisión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, en esencia es el propio Consejo de Ministros, presidido por el presidente del Gobierno. Dicha Comisión será la que aprobará en última instancia que las agrupaciones que hayan querido formar parte de la convocatoria reciban los fondos, una vez que cuenten con un informe favorable del Comité Técnico.
En lo que corresponde al reparto en sí, las comunidades y ciudades autónomas estarán representados en una Conferencia Sectorial presidida por la ministra de Hacienda. Este organismo se encargará de canalizar los fondos hacia las distintas autonomías, que serán quienes entreguen las ayudas a los beneficiarios.