El Ministerio de Consumo ha sancionado a la plataforma de alquiler turístico Airbnb con 64,05 millones de euros por publicar anuncios de viviendas turísticas sin licencia y por vulnerar de forma reiterada la normativa de protección al consumidor.
La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras resolverse el recurso de alzada presentado ante el ministro.
La sanción se basa en 65.122 anuncios que incumplían la normativa. Entre las infracciones detectadas figura la publicación de alojamientos turísticos sin licencia y la inclusión de números de registro que no se corresponden con los utilizados en los anuncios de este tipo de viviendas.
Multa proporcional al beneficio obtenido
Estas conductas se consideran infracciones graves y han dado lugar a una multa equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en el que los anuncios permanecieron activos, desde el apercibimiento del ministerio hasta su retirada por la plataforma.
La resolución incorpora dos sanciones accesorias que obligan a Airbnb a eliminar los contenidos ilícitos, rectificar los incumplimientos detectados y hacer pública la multa impuesta, reforzando así el carácter ejemplarizante de la sanción.
Consumo también sanciona a Airbnb por incumplir las obligaciones de los contratos celebrados a distancia, en particular por omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión de los alojamientos anunciados, un dato clave para los consumidores.
Obstrucción a la labor inspectora
La plataforma recibe además sanción por obstrucción y negativa a suministrar información, tras no atender los requerimientos del ministerio durante la instrucción del expediente, así como por incumplir medidas provisionales impuestas durante su tramitación.
Tras conocerse la sanción, Facua ha celebrado la decisión y ha subrayado que se trata de la segunda mayor multa de la historia en materia de consumo, solo por detrás de los 108 millones de euros impuestos a Ryanair por el recargo del equipaje de mano.
La asociación ha reclamado que las autoridades autonómicas de consumo actúen con mayor contundencia ante lo que califica como fraudes inmobiliarios, y ha pedido que este caso marque un punto de inflexión en el control del alquiler turístico.
