En 2010, el para entonces comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, abrió una investigación formal contra la compañía por una supuesta manipulación de los procedimientos de búsqueda para dominar el mercado. El departamento de Competencia sigue, a día de hoy, aunque con Margrethe Vestager como comisaria, investigando si estas prácticas constituyen un abuso de posición dominante, en contra del Tratado.
Ya en mayo de este año, los conflictos con el buscador se reavivaban por el derecho al olvido. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicó entonces una sentencia histórica mediante la cual, los buscadores pasaban a ser responsables del tratamiento de los datos personales de los usuarios, que desde entonces pueden pedir a Google su eliminación de los resultados de las búsquedas.
El origen de esta sentencia del TJUE se encuentra en la denuncia de un abogado español que reclamaba a Google que borrara su nombre de un anuncio en el que se mencionaba un embargo y que el buscador había registrado.
Google acató la sentencia, y abrió un proceso para que la gente que lo deseara, hiciera una petición de eliminación de noticias o datos. Sin embargo, Francia ha sido el primer país en recriminar al buscador por no aplicar correctamente el derecho a la cancelación de datos. En septiembre, el Tribunal de la Cámara de París condenó a Google Francia a suprimir ciertos enlaces a artículos difamatorios. Después de que la compañía se limitase a aplicar la decisión judicial únicamente a la terminación ".fr" correspondiente al país galo, el mismo órgano ha declarado ahora que esta medida es insuficiente obligando a Google a extenderla al resto del mundo, además de pagar una sanción por cada día de retraso y una indemnización a los afectados.
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