Un reciente informe de Apfa realizado entre 400 firmas de asesoramiento, explica el impacto que la regulación está teniendo en este negocio. De media, los asesores gastaron el 12% de sus ingresos en asumir costes regulatorios directos e indirectos en 2014. "Si esto se extrapola a todo el sector, donde el beneficio rondó los 3.900 millones de libras el pasado año, los asesores habrían gastado unos 475 millones de libras para adaptarse a la regulación", indican los expertos.
Una cifra que se suma a los 460 millones de libras que se emplearon en 2013. Según el estudio, los costes regulatorios pesan más en firmas pequeñas, aquellas con un beneficio inferior a las 100.000 libras. En concreto, se comen un 28% del beneficio anual de estas compañías.
Las presiones del sector para que las autoridades alivien esta presión regulatoria son constantes. Y no solo para las firmas de asesoramiento. Uno de los movimientos más destacados es el llevado a cabo por el think tank británico New Citi Initiative (NCI), que a mediados de año elaboró un demoledor informe junto a la firma Open Europe, en el que calculaban que los gastos que una gestora de fondos con sede en Reino Unido debe asumir para hacer frente a la regulación europea rondan los 2.000 millones de libras (unos 2.875 millones de euros) anuales. Y mandan un mensaje de alerta: La excesiva regulación es un problema para el desarrollo empresarial del sector y "las gestoras de menor tamaño serán expulsadas del mercado".
Desde la firma tienen claro que el reto clave para cualquier negocio es cuadrar la ecuación de costes frente a ingresos. En este sentido, los expertos que han elaborado el informe critican que "todas las empresas necesitan un mercado regulado para operar, pero los beneficios de esa regulación deben de ser mayores que los costes".
Califican normas como MiFID II o la Directiva de Gestores de Fondos de inversión alternativa (AIFMD en sus siglas en inglés) de "onerosas y caras" para el desarrollo empresarial del sector. Especialmente de las firmas de menor tamaño, o que siguen un modelo boutique. Y destacan uno de los puntos más polémicos de MiFID II: el que consiste en prohibir las comisiones para pagar por análisis de terceros.
En opinión de Dominic Johnson, presidente de NCI, esta medida impactaría especialmente en las firmas más pequeñas. El think tank advierte además de que, ante los elevados costes de cumplimiento, los gestores de fondos no comunitarios pueden perder apetito por hacer negocio dentro de la Unión Europea. Según las estimaciones de la firma, el coste de la regulación en Reino Unido de la implementación de AIFMD ronda los 1.500 millones de libras al año para los gestores de fondos. Y estiman que la normativa europea supone un coste total de 2.000 millones de libras, sin incluir las nuevas que vendrán con MiFID II en la Unión (el equivalente en el país es la Retail Distribution Review) o UCITS V.
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