Otro de los grandes retos es la lucha contra la evasión fiscal. En este apartado la presidencia holandesa busca armarse de transparencia y tomar una decisión sobre el Proyecto de la OCDE para la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en Inglés). La iniciativa dota a los distintos Estados de soluciones para evitar que los beneficios de las empresas puedan ser trasladados a otros países donde desarrollan una escasa o inexistente actividad económica.
Según la OCDE, las estimaciones más prudentes indican que los resultados de BEPS se traducen en unas pérdidas globales de recaudación en el ámbito del impuesto sobre sociedades de entre el 4% y el 10%. Sin embargo, no se prevé una decisión fácil dado que decisiones como ésta requieren de la unanimidad de todos los Estados miembros. En esta misma línea, Holanda tendrá que dar respuesta a cómo atajar la cuestión del IVA no recaudado en un año en que la Comisión publicará los resultados de sus investigaciones a multinacionales como Google o Apple por abuso de posición dominante y evasión de impuestos en Europa.
Los ministros de Finanzas de la UE han acordado iniciar una nueva normativa para que todos los países de la unión puedan intercambiar información fiscal de multinacionales a fin de impedir la evasión de impuestos. Las normas, que entrarán en vigor a finales de este año, responden a la creciente preocupación por la evasión de impuestos.
Las nuevas normas obligarán a las grandes empresas a revelar datos sobre ingresos, beneficios e impuestos a las administraciones de todos los países de la UE en los que operan. Esos datos podrán ser después intercambiados entre los 28 países miembros.
Este nuevo acuerdo va más allá de las directrices internacionales vigentes actualmente conocidas como anti-BEPS (Erosión de la Base Tributaria y Deslocalización de Beneficios) acordadas por el G20 y la OCDE. Estas directrices anti-BEPS no obligan a filiales de países extranjeros a revelar los datos fiscales de su matriz, mientras que las nuevas normas de la UE afectarán también a aquellas multinacionales extranjeras que tengan filiales en la Unión, según han confirmado responsables de la UE.
Estas normas, debido a las preocupaciones de que puedan ahuyentar a los inversores extranjeros, solo serán obligatorias para las empresas extranjeras a partir de 2017.
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