Deere & Company ha alcanzado un acuerdo en Estados Unidos para resolver una demanda colectiva sobre el derecho a reparar, con un fondo de compensación de 99 millones de dólares.
El caso se centra en las restricciones al acceso a herramientas y software de reparación, que obligaban a los agricultores a recurrir a distribuidores autorizados, elevando los costes.
El acuerdo, pendiente de aprobación judicial, incluye tanto compensaciones económicas como compromisos operativos a largo plazo.
Compensación para agricultores
El fondo de 99 millones de dólares cubrirá a los agricultores y explotaciones que pagaron reparaciones a distribuidores autorizados desde enero de 2018.
Los pagos se distribuirán entre los demandantes elegibles, en función de los costes asumidos durante ese periodo.
El acuerdo busca resolver las reclamaciones sin que se haya producido una admisión de irregularidades por parte de la compañía.
Acceso a herramientas durante 10 años
Como parte del pacto, Deere se compromete a facilitar durante una década las herramientas digitales necesarias para mantenimiento, diagnóstico y reparación.
Este acceso incluirá maquinaria agrícola de gran tamaño, como tractores, cosechadoras y equipos especializados.
La medida responde a las críticas sobre el control del fabricante sobre el ecosistema de reparación y mantenimiento.
Presión regulatoria en EE. UU.
El caso se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre el derecho a reparar en Estados Unidos, donde reguladores y demandantes cuestionan prácticas restrictivas.
La Comisión Federal de Comercio (FTC) mantiene una demanda independiente contra Deere, en la que acusa a la compañía de limitar la competencia y encarecer las reparaciones.
Un juez estadounidense determinó en 2025 que la empresa debía afrontar este proceso judicial, que continúa en curso.
Impacto en el sector agrícola
El acuerdo refleja la creciente presión sobre fabricantes para abrir el acceso a herramientas y datos técnicos, en sectores altamente dependientes de maquinaria especializada.
Para los agricultores, el acceso directo a estas herramientas puede suponer reducción de costes y mayor autonomía operativa.
El caso se convierte en referencia dentro del debate sobre competencia, propiedad tecnológica y sostenibilidad en el sector industrial.
