En 2024 se entregaron en España 134.649 viviendas menos de las necesarias para absorber los hogares creados ese año y los mayores desequilibrios se registraron en Madrid (-32.644 unidades) y Barcelona (-21.148), según un informe elaborado por la Asociación Española de Consultoría Inmobiliaria (ACI).
Además de Madrid y Barcelona, Alicante también figura entre las provincias con más déficit, un desajuste que repercute en la evolución alcista de los precios de venta.
A estas ciudades se suma el déficit acumulado en Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife (casi 19.700 viviendas entre todas), donde la escasez de suelo y los límites urbanísticos incrementan las tensiones estructurales.
El informe concluye que la formación de nuevos hogares se estabilizará en torno a las 200.000 unidades anuales en la década de los 30 pese al aumento previsto de la población, que superará los 53 millones de habitantes en 2035, según datos del INE.
Entre las causas que indica destaca el envejecimiento poblacional, la precariedad laboral, el retraso en la emancipación de los jóvenes y los cambios en los modelos familiares (más hogares unipersonales o compartidos). Todo ello, apunta ACI, exige un rediseño de las políticas residenciales, más allá de la mera construcción.
No basta con aumentar el número de viviendas
Según apunta el presidente de ACI, Ricardo Martí-Fluxá, España ha dejado de construir al ritmo de su población, lo que está alimentando un problema de acceso que ya es estructural.
En su opinión, no basta con aumentar el número de viviendas, sino que se necesita una nueva visión que incluya, la rehabilitación del parque existente, la diversificación tipológica, con viviendas más pequeñas y adaptadas y una planificación territorial que contemple la desigual evolución de las provincias.
La asociación, que reúne a las principales consultoras inmobiliarias internacionales con presencia en España,- que representan más del 90% del mercado, demanda un Pacto de Estado por la Vivienda, un acuerdo duradero, transversal y desvinculado de los debates partidistas, que garantice la seguridad jurídica, la estabilidad normativa y la movilización conjunta de recursos públicos y privados para el impulso de la vivienda asequible.
España se enfrenta a un desajuste estructural que compromete el equilibrio del mercado residencial y que no responde al ritmo de crecimiento demográfico ni a la evolución de las necesidades habitacionales, derivado tanto de la escasez de suelo finalista como de los incrementos de los costes de construcción, las restricciones normativas y los retrasos en la tramitación urbanística, apunta.
Asimismo, subraya que la mayoría de las compraventas en 2024 fueron de vivienda de segunda mano dada la escasa disponibilidad y el elevado coste de la obra nueva, que siguen desplazando la demanda hacia el residencial existente.
