Se acabó la diplomacia. Una coalición de dieciséis estados, junto al Distrito de Columbia, ha decidido llevar a la Administración Trump ante el juez. El motivo es el «congelador» aplicado a casi 2.000 millones de dólares en ayudas públicas.
Este dinero, destinado a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, se ha convertido en el centro de una batalla legal liderada por California y Colorado. El argumento central es de peso: bloquear fondos ya aprobados por el Congreso infringe la separación de poderes.
No es política, es economía
Los demandantes recuerdan que estas partidas tuvieron luz verde bipartidista durante el mandato de Biden. Rob Bonta, fiscal general de California, ha querido marcar distancias con la ideología: «Esto no se trata de política partidista, se trata del futuro de nuestra economía».
La demanda argumenta que cerrar el grifo ahora frena en seco la innovación y borra del mapa la creación de empleos verdes. Advierten, además, que la decisión dejará a muchas comunidades sin acceso a un transporte limpio y asequible.
California saca los dientes
Gavin Newsom, gobernador de California, ha tirado de datos para justificar el litigio: con 2,4 millones de eléctricos rodando por sus carreteras, están dispuestos a pelear para recuperar lo aprobado en la Ley de Infraestructura de 2022.
Según el texto legal, el bloqueo es efectivo. El Departamento de Transporte lleva con los fondos retenidos desde la primavera de 2025, impidiendo que el dinero fluya hacia la instalación de cargadores, hidrogeneras y su mantenimiento.
La orden de «cancelar» todo
El origen del conflicto es una orden ejecutiva firmada por Trump nada más llegar al despacho oval para «cancelar» el Nuevo Pacto Verde, instruyendo a las agencias a detener los desembolsos de la era anterior.
La respuesta ha sido un frente común. A la demanda se han sumado pesos pesados como Nueva York, Míchigan, Illinois o Massachusetts, configurando una rebelión estatal que promete alargar el pulso en los tribunales.
