El actual sistema de prestaciones sociales se encuentra en pleno proceso de remodelación frente a los nuevos escenarios demográficos y económicos. Sin embargo, no todas las medidas son válidas ni tienen el mismo coste a largo plazo, como refleja Fedea en su informe «La salud financiera del sistema público de pensiones». El envejecimiento de la población, las bajas tasas de productividad en España y la incertidumbre ante los ciclos migratorios son los principales retos de cara a las próximas décadas. El actual mecanismo de financiación puede mantenerse con un nivel de gasto sobre el PIB similar, pero la caída en el poder adquisitivo de unas pensiones «cuasi congeladas» en una revalorización anual del 0,25% es el principal riesgo para los contribuyentes del futuro. El informe recoge las previsiones de evolución del actual sistema en base a distintos escenarios y variables determinantes (empleo, población, productividad, migraciones). El modelo refleja que el volumen de población se mantendrá relativamente constante hasta 2060, es decir, los flujos continuarán en torno a los 46,5 millones de habitantes, en gran parte debido al impulso de la inmigración. Sin embargo, la tasa de dependencia se duplicará, avanzando del 0,3% actual al 0,6% en 2065, por el incremento de los mayores de 65 años. Este dato tiene una relación directa tanto con el empleo como con el crecimiento potencial de la economía española: dentro de dos décadas, España llegará a tener una tasa de ocupación eficiente (en torno al 80%), debido en parte a la caída en el volumen de personas en edad de trabajar, pero este repunte no tendrá reflejo en el PIB (crecimiento medio del 1,5% hasta 2035) por la salida de factores productivos del mercado (trabajadores). 
En el escenario base del modelo, el incremento de la población en edad de jubilación no tiene un gran impacto en el gasto debido a las reformas del sistema introducidas en 2011 y 2013, además del índice de reavalorización de las pensiones (IRP), que desindexa las prestaciones del IPC y las limita a un mínimo del 0,25% y un máximo de la inflación más el 0,5%. En este sentido, el gasto público podría mantenerse en torno al 12% y la pensión media no sufrir caídas drásticas (máximo un 4%) e incluso revalorizarse a partir de 2040 si los niveles de productividad, y por tanto los salarios, y la ocupación evolucionan también al alza. El problema es que estas variables están sujetas a altos grados de incertidumbre, ya que la volatilidad de estos indicadores podría incrementar el gasto en 5 puntos para 2050 (17% del PIB) o reducirlo en 2,5 puntos. En la misma línea, un escenario menos optimista en el que España mantuviera sus actuales niveles de productividad conllevaría la congelación de la pensión media de cara a las próximas cinco décadas, lo que supondría una enorme pérdida de poder adquisitivo si tenemos en cuenta que la inflación prevista ronda el 2%. Con la reforma del IRP, el sistema se encuentra en «piloto automático», al desvincular las prestaciones del IPC y contener el gasto ajustándolas a la baja cuando el sistema entra en déficit. Sin embargo, el riesgo de este tope tiene que ver con la previsible pérdida de poder adquisitivo que las pensiones sufrirán a lo largo de la vida del pensionista en ausencia de ingresos adicionales (sin cambios en el escenario actual en torno a un 30% entre 20 y 25 años). 
El informe sugiere una serie de medidas a tener en cuenta para paliar el efecto nocivo de la «cuasi-congelación» de las pensiones en un contexto de alta inflación. Por ejemplo, blindar las pensiones mínimas ligándolas al IPC, lo que tendría un coste extra de aproximadamente cuatro décimas del PIB al año durante las próximas cuatro décadas, que se podría financiar con un incremento del 6% en el IRPF. Otra opción sería la de financiar ciertas prestaciones (viudedad, orfandad e incapacidad) vía impuestos, lo que serviría como solución temporal para contener la caída pero supondría un grave problema de credibilidad para las finanzas públicas que podría transmitirse a la prima de riesgo. Por otro lado, existen otras soluciones cuyo coste sería demasiado alto para el conjunto de los españoles. Desindexar todo el sistema de prestaciones supondría un incremento del gasto de 2,7 puntos del PIB anuales, lo que equivaldría a una subida del 36% en el IRPF. En la misma línea, derogar las reformas implementadas desde 2011 en el actual sistema supondría una escalada del gasto hasta el 17% del PIB, lo que tendría que financiarse con una subida del 70% del IRPF. Ninguna de las propuestas están exentas de esfuerzo, ya que blindar tan sólo la prestación mínima haría menos contributivo al sistema y podría desincentivar las cotizaciones. Tampoco parece factible limitar el retraso en la edad de jubilación, que actualmente se aproxima a los 67 años y podría escalar hasta los 68. «Es lógico que ante el incremento de la esperanza de vida y el atraso en la edad de entrada al mercado laboral la jubilación se posponga», ha señalado Ángel de la Fuente, director de Fedea, durante la presentación del estudio. Las soluciones pasan por asegurar la productividad y el empleo a largo plazo y reformar, pero no «desmontar», el actual sistema. «La contención del gasto se logra congelando las pensiones, pero no es una solución aceptada a nivel político. Existen márgenes para reformar el actual sistema pero desmontarlo sería demasiado caro. Si se logra un aumento de la productividad que se refleje en los salarios se podrá controlar la perdida de poder adquisitivo en el valor de las pensiones», ha añadido. Algunas propuestas en esta dirección apuntan hacia la reforma del mercado laboral para reducir la dualidad, la aplicación del contrato único, la reforma del sector educativo o ampliar los topes máximos de cotización. 
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